Aún si el presidente Donald Trump declarara terroristas a cárteles mexicanos, la operatividad de esa medida sería… inoperativa, porque tendría que pasar por una serie de filtros muy estrictos y porque esa decisión implicaría la movilización de tropas militares sobre otro país amigo y vecino.
Hasta ahora, en América Latina, los EE. UU. han caracterizado de terroristas a tres organizaciones guerrilleras sospechosas o con pruebas de estar vinculadas a cárteles del narco: las FARC y el ELN de Colombia y Sendero Luminoso de Perú.
Pero extraña que organizaciones talibanas o del Estado Islámico que manejan droga y usan el terror contra tropas estadunidenses de ocupación en Afganistán e Irak no estén consideradas terroristas.
La generalización de la amenaza de Trump tendría la imposibilidad práctica de declararterroristas a todos los cárteles. Las grandes organizaciones criminales mexicanas dominan, en efecto, el mercado de compra-venta al menudeo en tres mil ciudades estadunidenses, pero hasta ahora ninguno de esos cárteles mexicanos ha realizado actividades terroristas en territorio estadunidense. Las matanzas de civiles como actos de terrorismo han sido producidas por locales y motivadas por exclusión racial; en todo caso, Trump debiera declarar cómplice de ese terrorismo interno a la Organización Nacional del Rifle que promueve la venta libre de armas que luego aparecen en masacres de civiles.
Los cárteles mexicanos más conocidos no han realizado acciones terroristas contra posesiones o ciudadanos estadunidenses, con excepción de la familia LeBarón en la zona de Bavispe, Sonora, la tierra donde nació el secretario federal de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño. Este dato está siendo procesado en oficinas de seguridad nacional de los EE. UU. como posible mensaje del crimen organizado contra la estrategia mexicana de seguridad. En la zona es de sobra conocido el dato de que los LeBarón tienen nacionalidad estadunidense.
El Cártel de Sinaloa de El Chapo, Los Zetas, El Cártel Jalisco Nueva Generación y otros parecen apadrinar a pequeños grupos vinculados a la droga, aunque sin consideración formal como cárteles. Sus luchas por territorios han ocurrido entre ellos, con algunos daños colaterales civiles. En el caso de los Lebarón en Bavispe aún no se tienen datos periciales de los perpetradores ni se cuenta todavía con información de inteligencia sobre las motivaciones del artero y criminal ataque contra mujeres y niños.
Este punto es clave: los EE. UU. pueden declarar terroristas sólo a los responsables del ataque contra los LeBarón, pero una vez demostrado que hubiera sido un ataque no para ajustar cuentas, sino para promover el temor a los estadunidenses. A lo más que ha llegado el Departamento de Estado es a decretar avisos de advertencia de peligrosidad de estadunidenses en zonas turísticas donde la violencia se manifiesta en las calles.
La comunidad de seguridad nacional de los EE. UU. tiene estrategias para caracterizar a cárteles mexicanos operando con tranquilidad dentro de territorio estadunidense como Organizaciones Criminales Transnacionales y algunos de los objetivos le otorgan a los EE. UU. la facilidad para intervenir en otros países; sin embargo, hasta ahora sólo ha habido con México intercambio de información de inteligencia, a pesar de que la DEA ha detectado a siete grandes cárteles mexicanos controlando la venta de droga al menudeoen ciudades estadunidenses.
De lograrse, la caracterización de terroristas a cárteles mexicanos de la droga y del crimen organizado tendría que ser muy preciso, con aportación de pruebas documentadas en base a las leyes estadunidenses. Y una vez completada la formalidad, tampoco será cuestión de enviar tropas a México sin alguna declaratoria de interrupción de relaciones. Por si fuera poco, la agrupación señalada puede apelar la decisión en tribunales estadunidenses. En los hechos, los cárteles no tienen el objetivo de generar terror, sino pelear territorios con violencia.
El proceso de caracterización de terrorista a algún grupo involucra a múltiples oficinas de la burocracia de la seguridad nacional, le otorga al Departamento de Estado la tarea de iniciar el procedimiento y el Congreso debe de ser notificado. Y ahora el Congreso está procesando al presidente Trump para destituirlo y los criterios analíticos de las comisiones de inteligencia de las Cámaras ya no le creen todo a Trump.
En todo caso, el incidente sobre caracterización de terroristas a cárteles del crimen organizado sería una buena oportunidad para que el gabinete de seguridad y las oficinas mexicanas de inteligencia y seguridad nacional modernicen sus protocolos e incluyan a los EE. UU. como una variable central.
Política para dummies: La política en su versión internacional exige estrategias, no pasiones.
