Reformemos la ley, sin quebrantarla, para que las comunidades participen en la generación de energías limpias, como las eólicas.
El pasado martes 16, se concretó el importante proceso de integración y votación de las comisiones legislativas en la Cámara de Diputados del congreso federal. Me fue asignada la responsabilidad de ser secretario de la comisión Frontera Sur Sureste, que impulsa proyectos de infraestructura productiva y social en todas las entidades de esta región del país, incluida Oaxaca. Desde ahí pondremos especial empeño en reactivar los grandes pendientes de la federación con nuestro estado.
Me refiero a los ejes carreteros que den dinamismo al mercado interno, la consolidación de la infraestructura hospitalaria y al megadesarrollo del Istmo de Tehuantepec, tantas décadas pospuesto, de importancia regional y nacional.
También soy miembro de las Comisiones de Cultura y Relaciones Exteriores, desde donde trabajaremos por presupuestos dignos para incentivar y defender la mayor riqueza de los oaxaqueños, nuestro patrimonio cultural; desde la comisión que atiende la agenda del exterior, estaremos al pendiente de la condición social de la población migrantes que frente a la falta de oportunidades en nuestro país han tenido que emigrar.
El jueves 18, el tema más difícil para el estado y en buena medida para el país, fue el debate sobre la participación de las comunidades propietarias de la tierra en proyectos de generación de energía renovable, como la eólica.
Como reflexión debo decir que la historia moderna del mundo ha demostrado que los países que más se han industrializado, y en ese proceso han elevado los estándares de calidad de vida de sus habitantes, son aquellos que tienen sistemas de propiedad regulados y donde existe estado de derecho, certeza jurídica en las inversiones productivas y en las operaciones de comercio. Sin respeto a la ley no hay desarrollo posible.
Por eso hay que modernizar las legislaciones, para que cada vez más actores participen en la generación de riqueza: gobierno, iniciativa privada y capital social, especialmente las comunidades propietarias de la tierra.
Ese es mi concepto del desarrollo sustentable y compartido, ampliar el abanico de los propietarios de los medios de producción y extender el universo de los beneficiarios de la plusvalía generada. Hacer partícipes a las organizaciones sociales del cambio, como expuse en mi ensayo “El Desafío de Oaxaca, reflexiones para el 2012”.
Ese fue también el sentido de mi intervención en la tribuna de la Cámara de Diputados en nombre del grupo parlamentario del PRI, a propósito de la propuesta de frenar los proyectos de generación de energía eólica en el Istmo de Tehuantepec por parte de empresas privadas con el pretexto de que no se está permitiendo participar en las licitaciones a una organización de comuneros de Ciudad Ixtepec, Oaxaca.
Ahí expresé que “soy el primero en exigir que en México generemos cada vez mejores condiciones legales y materiales para que las comunidades indígenas se incorporen como actores al desarrollo social, como la generación de energías limpias, eólicas, y no sean solamente objetos de políticas clientelares que no hacen más que perpetuar la marginación y la miseria en que ancestralmente han vivido, o propiamente sobrevivido”.
Sin embargo, señalé: “exigir condiciones asequibles para que este tipo de proyectos prosperen, es decir, tengan viabilidad jurídica, financiera y técnica, no significa frenar a empresas que ya cumplieron con los requisitos de ley y los criterios técnicos de la empresa licitante, la Comisión Federal de Electricidad”.
Mucho menos cuando se estaba planteando como alternativa, por parte de los impugnadores de la inversión privada, que el proyecto eólico comunitario sería realizado con base en una figura legal que todavía no existe en México, una modalidad llamada COMMUNITY INTEREST COMPANY LIMITED BY GUARANTEE (Compañia de Interes Comunitario)
Ningún tipo de inversión pública, social o privada, en efecto, puede estar basado en un modelo legal que no existe en el país por más beneficios que pudiera proporcionar a los municipios y por más que impactara en el desarrollo regional.
Sin embargo, la respuesta no puede ser cerrar la puerta a quienes quieren ser partícipes de proyectos de generación de riqueza y bienestar social, y mucho menos tratándose de las comunidades que ya tienen como activo la propiedad social de la tierra. Al contrario, hay que apoyarlas.
Por eso yo propuse actualizar el marco jurídico, tanto en el ámbito estatal como en el federal, para dar facilidades a quienes desean participar en procesos de licitación como la generación de energías alternativas y limpias, como lo son las eólicas.
Celebro que la Comisión de Fomento de la Energía Renovable del Congreso de Oaxaca, como señalé en tribuna, trabaja ya en la preparación de una iniciativa para incentivar el mejor aprovechamiento de los recursos naturales y de la tierra por parte de las comunidades, como la producción eólica de electricidad.
Hoy sigo sosteniendo que lejos de frenar a quienes en este momento cumplen con los requisitos de ley, es preciso definir nuevos mecanismos que permitan que las organizaciones comunitarias participen en estos procesos.
Reformemos la ley para auspiciar el desarrollo, en México y muy especialmente en Oaxaca.
