Parece que en México tenemos un problema en general para reconocer y enmendar los fracasos en ciertas políticas públicas, como la de seguridad, sin “dar tormento” (aludiendo a Gonzalo N. Santos) a la Constitución, a la ley y a las instituciones. Eso es justo lo que ha pasado con el enorme problema de la inseguridad y la violencia que priva en el país, que las sucesivas administraciones federales han intentado enmendar modificando y creando nuevas figuras policiacas. En menos de 20 años, las fuerzas federales de seguridad pública pasaron de ser identificadas como Policía Federal Preventiva, a Policía Federal; se creó la Gendarmería, y ahora incluso se habló de una Guardia Nacional. Nada de esto ha sido suficiente, porque los problemas de la seguridad pública no se resuelven con ocurrencias ni con instituciones emanadas al calor de las promesas de campaña, sino con acciones específicas.
En efecto, cuando llegó la elección presidencial de 2012, muchos mexicanos votaron en contra del Partido Acción Nacional, y a favor del PRI, porque consideraron que los priistas sí sabían gobernar, y sí sabrían entender y resolver el enorme problema de seguridad pública y violencia creado por la lucha contra el crimen del gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Seis años después, queda claro que los priistas no sólo no sabían cómo enfrentar ese problema, sino que tampoco lograron disminuir la violencia y la criminalidad, a pesar de que una de las principales promesas de campaña de Enrique Peña Nieto consistió en la creación de una Gendarmería, como una división civil del Ejército Mexicano, que terminó siendo un apéndice de la Policía Federal al que, al parecer, no han logrado acomodar, ni acreditar, ni diferenciar en funciones de las fuerzas federales ordinarias.
Y es que en su momento, el presidente Peña Nieto dijo que la Gendarmería daría efectividad a las tareas de seguridad pública, aunque en realidad se vio obligado a crear esa nueva policía más a partir de la necesidad de cumplir sus promesas de campaña, que de proveer a las fuerzas federales de elementos o tareas aún no cubiertos. Por eso, la Gendarmería no fue parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, sino de la Policía Federal; y la descripción legal de sus funciones quedó más identificada con la idea de una policía auxiliar que con la de una nueva división que, según se pensaba, sería superior o más capacitada que la Policía Federal y, por ende, más efectiva.
No fue así. En realidad, la Gendarmería fue creada para proteger a las personas y los ciclos productivos. “La nueva División –dice la página web del gobierno federal, respecto de la Gendarmería— protegerá la seguridad de las personas y las fuentes de trabajo relacionadas con los ciclos productivos que se encuentren en riesgo frente a amenazas de la delincuencia organizada. La Gendarmería realizará acciones de seguridad para prosperar.” Según esa información, cumpliría sus funciones “en las entidades federativas y municipios donde inicie y concluya un ciclo productivo que sea necesario proteger por estar en riesgo frente posibles actividades de la delincuencia organizada.”
¿Qué ha ocurrido en realidad? Que a pesar de la creación de la Gendarmería, y del despliegue de alrededor de cinco mil elementos, continúan existiendo amplias regiones del territorio nacional que se encuentran en manos de la delincuencia organizada, y que eso ha ahuyentado y puesto en riesgo la realización de los ciclos productivos.
El llamado huachicoleo en detrimento de Petróleos Mexicanos y de la ciudadanía, el cobro de derecho de piso, las extorsiones a comerciantes, y las amenazas que han obligado a la suspensión indefinida de operaciones de varias empresas en diversas entidades federativas, son ejemplos de cómo ha fracasado la misión de proteger los ciclos productivos y, de forma concomitante, se señala que la creación de la Gendarmería, disminuyó los recursos destinados a la Policía Federal y mermó sus operaciones, a pesar de que los resultados de esa corporación han sido históricamente superiores a los de cualquier otra policía en los ámbitos federal, estatal y municipal.
GUARDIA NACIONAL
En 2017, como aspirante presidencial, López Obrador dijo que crearía una Guardia Nacional. Eso lo ratificó hace algunos meses, aunque ayer su inminente Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, dijo que la estrategia contra el crimen se centrará en la persecución de sus operaciones financieras y dijo que no se creará la Guardia Nacional.
De acuerdo con documentos del equipo de transición de AMLO, publicados por el sitio web especializado en temas de seguridad pública defensa.com, “La figura de Guardia Nacional está contemplada constitucionalmente, aunque sí se tendría que presentar una iniciativa ante el Congreso de la Unión para reglamentarla”, añade el texto en el que se precisa que dicho organismo se creará ‘con el apoyo de los 214,157 soldados y 55,574 marinos que en la actualidad permanecen organizados bajo el mando de oficiales del Ejército y de la Marina, en regiones, zonas, batallones y otros agrupamientos menores’. Los planes del nuevo gobierno indican que la Guardia Nacional tendrá como directores operativos a expertos en materia de seguridad como policías, soldados y marinos, pero en el ámbito político y administrativo, contará con expertos en administración pública”.
En el documento, de 81 páginas, se añade que la Guardia Nacional no es una policía única. “La Secretaría de Seguridad Pública sería cabeza de sector de este organismo”. Al referirse al tema de la creación de una nueva SSP, se precisa que la intención de recuperar a esa secretaría tiene como objetivo “quitar las atribuciones de seguridad que se asignaron a Segob durante el sexenio de EPN” (https://bit.ly/2MVwecs).
En realidad, lo que imaginaba AMLO era más cercano a una especie de mando único policiaco-militar, pero no una guardia nacional. Cuando en México existieron las guardias nacionales, en el siglo XIX, éstas eran cuerpos castrenses a cargo de los gobiernos de las entidades federativas.
De hecho, los primeros despachos de jerarquía castrense que recibió Porfirio Díaz fueron de la guardia nacional, en la que llegó a ser teniente coronel; dicho rango le fue reconocido por el gobierno federal cuando pasó a formar parte del ejército nacional, a donde llegó a ser General de División por méritos en campaña, durante la guerra contra la intervención francesa. Dichas guardias nacionales fueron paulatinamente disueltas con la restauración de la República a manos del presidente Benito Juárez, justamente para unificar y ordenar las fuerzas armadas en un solo cuerpo militar.
En Estados Unidos, la Guardia Nacional sigue siendo una milicia de carácter estatal, y el Gobernador de cada estado es el Jefe de la Guardia Nacional de su estado, del mismo modo que el Presidente de los Estados Unidos es únicamente jefe de las fuerzas nacionales, pero no de la Guardia Nacional.
EVASIONES
¿Qué demuestra todo esto? Que igual que la Gendarmería, la idea de una Guardia Nacional no era más que eso: una idea quizá bienintencionada, pero sin certeza sobre su estructura y funcionamiento y, sobre todo, sin la garantía de eficacia frente al enorme problema de criminalidad que priva en México. Esto demuestra también que, igual que en materia electoral, han hecho pagar a las instituciones por los errores y la ineficiencia de las personas. Qué bueno que el gobierno de AMLO lo reconoce antes de reincidir en el error.
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