El panorama económico internacional no es halagador, existen grandes probabilidades de que se genere una recesión en la economía norteamericana, a lo que se suma la crisis de deuda en algunos países europeos. Dichos acontecimientos deberían servir para reflexionar y actuar en materia económica, defendernos de posibles contagios. La austeridad y la prudencia tendrían que ser las normas en estos momentos.
No obstante, lo que tenemos es la realización de grandes gastos públicos en actividades que no son prioritarias y grandes fracasos en el combate al crecimiento de la pobreza. Adicional a esto, en la semana se informó que una buena parte de entidades federativas se encuentran severamente endeudadas, lo que no sería ningún problema si la población observara aumentos significativos en su nivel de vida, pero esto no es así, lo que vemos es bajo crecimiento, desempleo, pobreza y actos de corrupción oficial por todos lados.
Las medidas que la semana pasada se anunciaron para controlar los choques económicos externos de nada servirán, porque se sigue dejando pendiente la solución de problemas estructurales que son urgentes. Nuestras autoridades no están tomando en serio la crisis económica que enfrentamos, sus discursos están plagados de buenas intenciones, pero sus acciones los delatan.
De entrada, resulta aberrante que en los últimos 11 años, 16 partidos se han repartido 36 mil millones de pesos, de los cuales solamente siete mantienen su registro y los otros nueve lo han perdido, al no alcanzar al menos el 2% de la votación. En esos nueve partidos se gastó la nada despreciable cantidad de 1 mil 896 millones de pesos; es decir, 5.3% del financiamiento total. La democracia nos está costando mucho y nos deja pocos resultados; para las elecciones del próximo año, el IFE ha solicitado una cantidad de 16 mil millones de pesos, ¡hágame usted el favor!
Entre 2000 y 2011 en el IFE, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales se gastaron 117 mil millones de pesos. En un país con 52 millones de personas viviendo en situación de pobreza, esto es inadmisible. Existen fuertes razones para creer que el Estado no es la solución, sino la causa de los problemas, los impuestos que impone los utiliza en actividades que no ayudan significativamente al bienestar y si reducen el patrimonio.
Por otro lado, recientemente se publicaron las cifras correspondientes a la pobreza en nuestro país, los resultados fueron como se esperaba: la pobreza se incrementó. De acuerdo con las autoridades, lo anterior se debe a la crisis económica internacional, sin reconocer que buena parte tiene su origen en políticas públicas inadecuadas y programas sociales poco exitosos, que ayudan a mitigar el problema, pero no a resolverlo. La pobreza, al crecer, sigue fracturando la cohesión social y creando condiciones para la informalidad, ilegalidad, inseguridad y violencia.
La pobreza alimentaria pasó de 23.8 millones de personas en 2008 a 28 millones en 2010. Dicho indicador sugiere que uno de cada cuatro mexicanos no tiene acceso a los alimentos que le permitan nutrirse, lo que redundará en su estado de salud, productividad y capacidad intelectual.
Mientras en 2008 había en el país 37.2 millones de pobres moderados, para el 2010 había 40.3 millones. La pobreza extrema o indigencia se mantuvo en 11.7 millones de personas. Con lo que el total de pobres en el país pasó de 48.8 millones en 2008 a 52 millones en 2010. Debe destacarse también, que mientras en 2008 había 19.7 millones de personas no pobres o no vulnerables, para 2010 eran 21.8 millones.
En el caso de Oaxaca, como ya anticipa amable lector, las cosas pintan bastante mal en lo general, porque la pobreza total aumentó entre el 2008 y 2010, en el primer año habían 2 millones 300 mil oaxaqueños en esa condición y en el segundo 2 millones 555 mil. La pobreza moderada pasó de 1 millón 274 mil oaxaqueños a 1 millón 543 mil. La que se redujo de forma mínima fue la pobreza extrema o indigencia que pasó de 1 millón 35 mil personas a 1 millón 13 mil personas, o sea casi nada. La población que no es pobre ni vulnerable pasó de 351 mil personas a 354 mil, seguramente muchos de ellos, políticos burócratas y demás parásitos que viven a expensas del sector productivo privado.
Finalmente, como mencioné al principio, la deuda de las entidades federativas ha crecido de forma notable, no así los logros en materia económica y social. Sería fantástico ver cómo crece la deuda y se reduce la miseria, lamentablemente esto no es así, la deuda contratada termina en los bolsillos de unos cuantos políticos y burócratas. Al primer trimestre de este año la deuda de los estados asciende a 315 mil millones de pesos, un crecimiento de 122% nominal desde el 2000.
Los estados que mayor crecimiento han registrado en su deuda son: Veracruz, Michoacán, Nayarit, Hidalgo, Oaxaca, Aguascalientes, Zacatecas y Quintana Roo. En el caso de Oaxaca, a marzo del 2011, la deuda ascendía a 4 mil 608 millones de pesos, algo así como el 13% de sus ingresos totales, con lo que todavía no existe riesgo. El problema es que esa deuda no debería existir, con los recursos que anualmente se le asignan a la entidad por concepto de participaciones y aportaciones federales debería ser capaz de funcionar. Además, la deuda y su incremento no se correlaciona con una mejora en el bienestar de los oaxaqueños.
Bien, así están las cosas, necesitamos crear incentivos para hacer que nuestros políticos hagan mejor su trabajo, no podemos continuar de esta manera, no están conduciendo al desastre. Es urgente como he dicho en otros artículos refundar México y particularmente refundar Oaxaca, una de las entidades más pobres y marginadas de este enorme país. En mi siguiente participación les presentaré una propuesta política que bien podría hacer que las cosas funcionaran mejor, hasta la próxima…
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* Profesor-investigador de la UACJ, doctorado en estudios del desarrollo regional.