Cuando el ex Gobernador Rick Perry pidió que se reforzara fuertemente la seguridad en la frontera con México en 2011, Texas compró seis botes armados que pueden disparar 900 balas por minuto y alcanzar grandes velocidades.
Pero esas embarcaciones, que costaron 580 mil dólares cada una, pasaron más tiempo atracadas que patrullando el río Bravo.
Ahora eso parece un precio barato en comparación con lo que Texas está por gastar. El nuevo Gobernador republicano Greg Abbott aprobó este mes un gasto por 800 millones de dólares para seguridad fronteriza que serán empleados en los próximos dos años, más del doble de lo que se destinó en un periodo similar en los últimos 14 años bajo el Gobierno de Perry.
Entre los artículos que ha comprado el estado para la frontera destacan un segundo avión de 7.5 millones de dólares que alcanza gran altitud para vigilar la frontera, un centro de entrenamiento de 2 mil 23 hectáreas para agencias encargadas de seguridad, y presupuestos de vuelos de helicóptero todo el año. El estado también quiere contratar 24 investigadores contra la corrupción y 250 policías estatales como parte de un primer pago para una fuerza fronteriza permanente.
Otros estados situados en la frontera de 3 mil 220 kilómetros con México -Arizona, Nuevo México y California- tienen presupuestos bastante menores a los que ha destinado Texas. Y éste estado lo está haciendo bastante después del aumento del año pasado en el flujo de inmigrantes sin autorización para cruzar la frontera que ahora está reduciéndose.
Así que, ¿por qué estaría Texas preparando lo que parece ser una patrulla fronteriza paralela a las fuerzas federales?
“Busquen en Google ‘crimen de cárteles en México’ y establezcan la búsqueda sólo para la semana pasada, y verán algunos ejemplos terribles de lo que los cárteles están haciendo en México en este momento”, indicó Abbott a reporteros este mes tras una sesión legislativa.
“La primera obligación del Gobierno es preservar la seguridad de su gente y eso significa asegurarse de que esta actividad de los cárteles, que no se ha reducido en lo absoluto, no se establezca para nada en Texas.”
La zona de 514 kilómetros del Valle del Río Grande en la frontera fue donde se concentró el año pasado toda una ola de inmigrantes centroamericanos, la mayoría menores de edad sin acompañantes adultos y mujeres con niños. El sector del Valle sumó 53 por ciento de todos los inmigrantes capturados en el suroeste durante el año fiscal que terminó en septiembre.
Esto alarmó a los republicanos de Texas, que pidieron que las autoridades entraran en acción durante las campañas electorales del año pasado. Pero ahora el número de inmigrantes detenidos se ha reducido 44 por ciento en los primeros ocho meses de este año fiscal.
Raúl Ortiz, subjefe del sector del Valle de Río Grande de la Patrulla Fronteriza federal, atribuyó el descenso a una vigilancia mucho mayor en el lado mexicano, en especial en su frontera con Centroamérica. También reconoció al Departamento de Seguridad Pública de Texas y otras agencias por su ayuda.
Los críticos temen que la acumulación de refuerzos en la frontera no tenga un límite, y haya pocos registros de cómo se empleará el dinero y de si será efectivo.
En las últimas semanas de la sesión legislativa los representantes republicanos retiraron la parte de la propuesta de ley que Abbott firmó, la cual habría requerido que se reportaran mensualmente los datos sobre delitos recabados por un nuevo consejo de vigilancia. Ahora el panel solamente tiene la obligación de dar a los legisladores un solo informe para 2017.
“Ya sea en un salón de clases de tercer grado de primaria o con el Departamento de Seguridad Pública de Texas, si no tienes una forma de medir y evaluar los resultados, estás desperdiciando tu dinero”, dijo el representante demócrata Rafael Anchia.
En un informe, la agencia de seguridad pública de Texas definió una frontera segura como: “una barrera para toda la gente, drogas y otro tipo de contrabando” que intentan cruzar.
“Eso está tan lejos de la realidad”, aseguró Adam Isacson, un especialista sobre la frontera de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, un grupo de activistas por los derechos humanos.
“Incluso en los sectores más seguros de la frontera hay miles de personas que logran adentrarse.”
Las autoridades de Texas dicen que se han confiscado más de 2 mil millones de dólares en drogas, especialmente mariguana, y se han descubierto más de 150 casas usadas por traficantes de personas tan sólo en el último año.
Pero no siempre ha estado claro lo que ha logrado el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) a cambio de su dinero.
Los botes del estado en el río Bravo se usaron sólo un día a la semana durante su primer año en funciones mientras que el resto del tiempo estaban en reparación.
En ese entonces los encargados de la agencia indicaron que los botes pasaban cerca de 30 por ciento de tiempo más en el agua que lo que los registros señalaban. Tom Vigner, vocero del DPS, señaló este mes que esos archivos no están actualizados y que los botes realizan operaciones las 24 horas, con más de mil 400 misiones tan sólo el año pasado.
En el Valle del Río Grande, los policías de Texas están apostados cada 400 metros sobre la autopista 83 cerca de la frontera. La gran presencia de agentes ha alarmado a la comunidad de inmigrantes que viven en la zona, muchos de los cuales llegaron sin permiso al país hace años, dijo Efrén Olivares, abogado del proyecto South Texas Civil Rights (Derechos Civiles del Sur de Texas).
“La policía local es utilizada para interactuar con personas indocumentadas”, explicó Olivares.
“Pero en el caso del DPS es especialmente malo porque la mayoría no es de aquí”.
Jaime Álvarez, un antiguo residente que ahora se postula para ser comisionado el condado, señaló que los habitantes de Río Grande City se han quejado con él porque los policías suelen pedirles que se detengan en la autopista 83.
“Es demasiado”, aseveró.
“Los políticos del norte a veces reaccionan exageradamente”.
Pero algunas personas consideran que si ha habido mejorías en la seguridad. Othal E Brand Jr., presidente de la empresa que suministra agua a la zona de McAllen, dijo que sus empleados solían estar amenazados por los traficantes pero ahora trabajan con seguridad de noche y de día.
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