Los centros penitenciarios se proyectan en Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz. El plan contempla infraestructura de alta seguridad, vigilancia tecnológica y espacios para la educación, la salud y la capacitación laboral de las personas privadas de la libertad.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció la construcción de seis nuevos centros penitenciarios en México, con una capacidad conjunta de 18 mil 480 personas, como parte de una estrategia para fortalecer el control, la vigilancia y la operación del sistema penitenciario nacional.
Durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario informó que los nuevos recintos se proyectan en Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz.
De acuerdo con lo expuesto, los proyectos se desarrollarán en coordinación con las administraciones estatales, aunque el nuevo centro penitenciario de Sinaloa contará con recursos federales.
La propuesta busca ampliar la infraestructura penitenciaria y establecer mecanismos para mantener el control institucional dentro de las cárceles, además de reducir las condiciones que permiten la operación de organizaciones criminales desde el interior de estos establecimientos.
Nuevos penales tendrán módulos diferenciados y vigilancia tecnológica
García Harfuch explicó que los seis centros penitenciarios contarán con módulos diferenciados para clasificar a las personas privadas de la libertad de acuerdo con su nivel de riesgo.
El diseño también contempla infraestructura de alta seguridad, sistemas de vigilancia y monitoreo, mecanismos de inspección y tecnologías para bloquear señales de comunicación no autorizadas.
Estas medidas buscan fortalecer la supervisión de las instalaciones y limitar las actividades ilícitas que puedan desarrollarse desde el interior de los centros penitenciarios.
El funcionario sostuvo que el objetivo es garantizar que las autoridades mantengan el control efectivo de las prisiones y evitar que las organizaciones delictivas utilicen estos espacios para continuar con sus operaciones.
Sin embargo, la efectividad de la estrategia dependerá no solo de la construcción de nuevos edificios, sino también de la capacidad operativa, la supervisión del personal, los controles internos y el seguimiento de las actividades que se realizan dentro de los centros.
Reinserción social, otro componente del proyecto
Además de los sistemas de seguridad, el plan contempla espacios destinados a la atención médica, las actividades deportivas, la educación, el trabajo y la capacitación para las personas privadas de la libertad.
La inclusión de estos servicios busca atender las necesidades de la población penitenciaria y favorecer los procesos de reinserción social.
En México, la reinserción social constituye uno de los objetivos del sistema penitenciario, por lo que las condiciones de internamiento deben contemplar actividades y servicios que contribuyan a la preparación de las personas para su eventual regreso a la sociedad.
La propuesta gubernamental plantea combinar medidas de control y vigilancia con oportunidades educativas y laborales, aunque todavía será necesario conocer cómo se implementarán estos programas en cada uno de los nuevos establecimientos.
Sinaloa tendrá un penal con capacidad para 2 mil 640 personas
Uno de los proyectos anunciados corresponde a Sinaloa, donde se prevé construir un nuevo centro penitenciario con capacidad para 2 mil 640 personas y financiamiento federal.
García Harfuch indicó que la obra contará con infraestructura moderna, sistemas de vigilancia y condiciones orientadas a fortalecer la operación y el control de las instalaciones.
El anuncio se produjo después de los problemas de seguridad registrados en el centro penitenciario de Mazatlán, contexto en el que las autoridades plantearon la necesidad de reforzar la infraestructura y la supervisión penitenciaria en la entidad.
No obstante, hasta la información difundida en el anuncio, no se había precisado el lugar exacto donde se construirá el nuevo penal ni la fecha prevista para su inauguración.
Tampoco se detallaron el presupuesto total, el calendario de construcción o las etapas previstas para ponerlo en funcionamiento.
Estos datos serán relevantes para conocer los alcances del proyecto, los recursos públicos que requerirá y el tiempo necesario para que la nueva instalación pueda recibir a personas privadas de la libertad.
Refuerzan la seguridad en el penal de Mazatlán
Mientras se proyecta la nueva prisión, el secretario informó que se ha reforzado la seguridad en el centro penitenciario de Mazatlán mediante el envío de elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
La medida busca fortalecer la vigilancia y recuperar o mantener el control institucional de las instalaciones ante los incidentes registrados en ese centro.
El reforzamiento de la seguridad forma parte de las acciones inmediatas anunciadas por el Gobierno federal, mientras que la construcción del nuevo penal representa una intervención de mayor plazo.
Sin embargo, no se proporcionaron detalles adicionales sobre la cantidad de elementos desplegados, la duración del operativo ni las medidas específicas que se mantendrán para prevenir nuevos incidentes.
El reto: impedir que las organizaciones criminales operen desde las cárceles
Durante su intervención, García Harfuch afirmó que el propósito de la estrategia es impedir que las organizaciones criminales continúen operando desde el interior de los centros penitenciarios y contribuir a la reducción de la violencia y la impunidad.
El planteamiento coloca el control de las prisiones como uno de los componentes de la política de seguridad federal, debido a que las irregularidades en la vigilancia y la administración penitenciaria pueden comprometer tanto la seguridad interna como la del exterior.
La construcción de nuevos establecimientos busca ampliar la capacidad disponible y contar con instalaciones diseñadas para mejorar la supervisión. No obstante, el anuncio no incluyó un diagnóstico nacional sobre la ocupación actual de las cárceles, los niveles de sobrepoblación ni las necesidades presupuestales de cada entidad.
Tampoco se precisó cómo se distribuirá la capacidad de los seis centros, más allá del dato específico correspondiente a Sinaloa.
Quedan pendientes presupuestos, ubicaciones y fechas de apertura
El anuncio establece las principales características de los seis proyectos, pero todavía quedan por conocerse detalles esenciales para evaluar su ejecución.
Entre ellos se encuentran las ubicaciones exactas de los centros, los costos de construcción, los plazos de obra, la distribución de la capacidad penitenciaria y los recursos destinados a su operación y mantenimiento.
También será necesario conocer los mecanismos de supervisión y evaluación que se aplicarán una vez que entren en funcionamiento, así como los programas de educación, salud y capacitación laboral que se ofrecerán a la población penitenciaria.
La estrategia anunciada por el Gobierno federal busca combinar mayor capacidad carcelaria, infraestructura de seguridad y programas de reinserción social. Su desarrollo dependerá de la coordinación entre las autoridades federales y estatales, además de la ejecución de los proyectos y la asignación de los recursos correspondientes.
