“El gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, va decidir si me voy o me quedo”, lo dijo el Secretario de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), Marco Tulio López Escamilla.
En entrevista colectiva, López Escamilla consideró que las organizaciones sociales son las que utilizan la victimización como una forma de empoderamiento social y político.
El funcionario estatal dejó entre ver que la exigencia del Comité de defensa de los Derechos del Pueblo (CODEP), obedecen a una serie de intereses.
Expuso que a tres años del gobierno de Gabino Cué Monteagudo, “ha cambiado diametralmente su cara. Ha hecho actuaciones ahora más justas a derecho”.
Estimó que luego de su llegada a la dependencia en tan sólo en el 2010 se encontró con una policía con vicios de represión: “incluso que había sido usada cómo instrumentó de control social y no como un mecanismo para resguardar la seguridad pública”.
Dijo que Las 15 recomendaciones de Derechos Humanos, por presuntas torturas, violaciones y demás, son prueba fehaciente de la situación por la que se atravesaba hace tres años.
Ante esta situación negó que hoy nuevamente se utilice a los elementos policiacos o a la propia corporación como un arma para cooptar los derechos y garantías individuales de los activistas y líderes sociales.
“A lo largo de estos tres años, la corporación a privilegiado el diálogo, la razón por lo que se utiliza la plática como método de solución antes que la fuerza pública”, dijo al señalar que la SSPO redujo de 15 a cinco recomendaciones tan sólo en un año de gestión.
Mientras que para el 2012, la cifra había bajado considerablemente, ya que sólo se contaba con uno de estos.
“Hoy en el 2013 tenemos sólo una pero por temas administrativos de un tema de facultades no ha habido violaciones, si ha habido un reclamo sobre el tema penitenciario, es parte de los procesos que hemos venido realizando”.
Con esta policía se protege, no se reprime y hacer cumplir la ley en el caso del CODEP y en el caso de muchas organizaciones que han exigido mi renuncia “desde luego es respetable y la decisión le corresponde al gobernador”.
