En medio de malas y algunas no tan malas noticias que ofreció el tercer informe presidencial, una de ellas merecía destacarse pero se perdió en la parafernalia de la crítica: los extraordinarios resultados ofrecidos por las fuerzas armadas no sólo en lucha contra el crimen organizado y la inseguridad, sino en materia de cumplimiento de exigencias de regulación civil.
En ninguna parte del mundo se han visto las decisiones del ejército y la marina de aceptar regulaciones civiles y legales: el fuero militar ha prácticamente desaparecido, los militares en sucesos penales con civiles ven sus casos en tribunales civiles y las fuerzas armadas han aumentado su capacitación en derechos humanos.
Por decisión propia y no por exigencia pública o política, el ejército y la marina se han abierto al escrutinio público en casos delicados y los altos mandos han iniciado procedimientos disciplinarios penales contra efectivos involucrados en acciones violatorias de derechos humanos. El último dato es revelador: el ejército ha capacitado a más de 529 mil elementos, de diciembre de 2012 a mayo de 2015, en el diferentes temas del valor de los derechos humanos y las quejas disminuyeron de casi dos mil a 221.
Lo contradictorio ha sido que la atención periodística se ha centrado en casos concretos de alta visibilidad de violación de derechos humanos y no en los resultados en la acción de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado. No deja de ser paradójico aunque con alto contenido político, que Joaquín El Chapo Guzmán haya sido detenido por un cuerpo de élite de la marina, pero se haya escapado de la estructura penitenciaria civil corroída por la corrupción.
Iniciada hace nueve años la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado por la incapacidad, ineficacia y corrupción de las fuerzas policiacas y militares y marinos como última línea de defensa social, el saldo ha sido negativo para los gobiernos estatales y federales en dos sexenios. En efecto, las fuerzas armadas deben regresar a sus cuarteles pero es la hora en que la clase política, la clase gobernante y las castas de seguridad pública han sido ineptas en la construcción de una nueva estructura de seguridad.
Más que de estrategia, la seguridad pública necesita de un replanteamiento general. Pero es la hora en que el congreso le sigue regateando al presidente de la república el desahogo de iniciativas de ley urgentes para la nuestra estructura de seguridad, con la circunstancia agravante de que se ha tratado de un bloqueo político porque la oposición ha sido incapaz de hacer propuestas alternativas.
Si bien las fuerzas armadas no piden ni necesitan reconocimientos, sí tienen claro el desgaste de su papel en un escenario de largo plazo por la tendencia a resaltar los pocos casos negativos y no los resultados generales. Pero detrás de esa crítica a las fuerzas armadas por casos específicos de agresividad en sus acciones existe un escenario amplio de seguridad nacional que los políticos y parte de la sociedad no se percatan: desgastar la credibilidad de la institución que representa la última línea de defensa y la primera línea de combate de la seguridad nacional.
Se trata, por tanto, de un problema geopolítico que beneficia la política de dominación militarista y de seguridad nacional de los intereses de EE.UU. que quieren debilitar el papel social de las fuerzas armadas mexicanas.
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