Es Jueves Santo y muchos lectores toman un descanso. Pero no puedo escribir de temas piadosos o ligeros cuando los maestros de Guerrero y Oaxaca boicotean la reforma educativa. No puedo dejar de decir que con eso imponen un porvenir de miseria y frustración a los niños y jóvenes más pobres de esos estados. Los dejan con muy pocas opciones de vida, entre ellas, seguir su ejemplo, pasar como sea la primaria, ingresar a una normal y desde allí, empezar a vivir de la protesta, la marcha, el plantón, todas las cosas que saben hacer los maestros de la CNTE para doblegar a los gobiernos: o les pagan más por hacer menos o los reprimen e incendian sus estados y el país.
Muchos maestros son de segunda o tercera generación, heredaron la plaza que les permite cobrar 450 o 500 días al año y trabajar 200 menos los días de paro. Estas plazas que les dan derechos y no les imponen más deber que la obediencia a los líderes para protestar; estas plazas que son un patrimonio familiar. Estas plazas que dan credencial de pueblo e impunidad en los actos vandálicos a quien posee una; que someten a los políticos más fuertes, que quiebran pequeños negocios con prolongados plantones, que permiten cerrar por nueve horas la Autopista del Sol el primer día de afluencia turística masiva a Acapulco –el lastimado Acapulco– sin que autoridad alguna, federal o estatal, se atreva a hacer valer la ley porque eso les daría un muertito: la chispa para incendiarlo todo.
No puedo creer que unos millares de individuos puedan obligar al gobernador y tal vez al Congreso de Guerrero a emitir una ley educativa anticonstitucional que pasaría a la Suprema Corte y la pondría ante la disyuntiva de hacer valer la Constitución con un riesgo muy alto para la estabilidad política del país o ceder al chantaje e invalidarse a sí misma como guardián de la constitucionalidad.
El sabotaje a la reforma educativa empieza en Guerrero y Oaxaca, pero no termina allí; continuará en Michoacán, el D. F. y otras entidades donde predomina la CNTE, el ala más violenta y primitiva del sindicato que manejaba Elba Esther Gordillo, para luego extenderse al resto del país.
Sumo mi débil voz a las de quienes piensan que la insurrección magisterial podría estar alentada y financiada por uno o varios de los poderes fácticos que han sido o temen ser afectados por las reformas que promueve el Pacto por México, así como por políticos que ven la oportunidad de debilitar al gobierno federal y a los líderes de los partidos, en busca de espacios de poder. No es que vea comunistas por todas partes, como Díaz Ordaz; lo que veo son intereses privados muy fuertes peleando a fondo por sí mismos.
Supongo que uno o varios de esos grupos de presión movió a los vándalos que se destrozaron comercios y dañaron monumentos del Centro Histórico el 1 de diciembre, para dar una muestra de fuerza al presidente Peña Nieto o al inminente jefe de Gobierno Mancera.
No son sino conjeturas, claro, pues no tengo información. Y para que no haya dudas, digo claramente que no acuso a nadie. Pero me hago eco de las preguntas de periodistas mejor informados que yo: ¿Quién o quiénes están detrás de todo esto? ¿Elba Esther Gordillo que toma venganza y fuerza su liberación y la impunidad de su familia y socios? ¿Marcelo Ebrard que ataca a Jesús Zambrano para recuperar viabilidad como candidato a la presidencia del PRD? ¿Los monopolios televisivos que pretenden frenar en el Senado o en los congresos locales la reforma a las telecomunicaciones? ¿López Obrador que envía, esta vez con hechos, “al Diablo” las instituciones? ¿Guerrilleros como el EPR o el ERPI”? ¿Delincuentes organizados que quieren poner de rodillas al gobierno para que no estorbe sus negocios?
Si los maestros de la CNTE consiguen revertir la reforma educativa, ¿cómo podrá el gobierno llevar adelante la reforma energética cuando López Obrador tome las instalaciones de Pemex? ¿Con qué fuerza dará viabilidad a un esquema fiscal fundado en impuestos progresivos al ingreso de las personas?
Estoy francamente preocupado por el destino del Pacto por México y por el destino del país. La firma del Pacto mostró que el gobierno de la república y la parte organizada de la clase política, se disponen a transformar a fondo el país, como lo reiteró el presidente Enrique Peña Nieto en su mensaje con motivo de los primeros cien días de su gestión. ¿Podrán?
No es que la firma de ese pacto resuelva los problemas nacionales, pero es el primer paso hacia la restauración del Estado de Derecho y a la reasunción de la rectoría del Estado sobre el desarrollo económico, base mínima para reactivar el sector productivo y generar los empleos formales, dignos y permanentes, que son la única vía para corregir en la raíz el deplorable y peligroso esquema de distribución del ingreso y de las oportunidades en todos los ámbitos de la vida nacional.
