Diana Méndez
Integrantes del Frente Popular Revolucionario (FPR), calificaron como una “agresión de Estado” el ataque armado ocurrido la noche del pasado 22 de junio en Miahuatlán de Porfirio Díaz, en el que perdió la vida el militante Juan José Cruz Padilla y resultaron lesionados José Alberto Martínez Luna y Jesús Sabas.
Durante una rueda de prensa frente al Palacio de Gobierno, representantes de ambas organizaciones señalaron que alrededor de las 19:00 horas sus compañeros se trasladaban a bordo de un vehículo cuando fueron interceptados por un automóvil color gris, desde el cual sujetos armados abrieron fuego en su contra.
Según la versión presentada por el FPR, en el lugar murió Juan José Cruz Padilla, a quien describieron como un militante que “cayó cumpliendo su deber”, mientras que la condición de José Alberto Martínez Luna y Jesús Sabas fue reportada como delicada.
Bajo la consigna “¡Agresión de Estado, política de gobierno en Oaxaca!”, los dirigentes sostuvieron que este hecho se enmarca en un contexto de violencia contra activistas y organizaciones sociales en la entidad.
Afirmaron que durante la actual administración estatal, encabezada por el gobernador Salomón Jara Cruz, han sido asesinados 33 activistas, cifra a la que, dijeron, se suma ahora Juan José Cruz Padilla.
Los representantes del Frente Popular Revolucionario acusaron al gobierno estatal de mantener una política represiva “disfrazada de democracia”, señalando presuntos actos de omisión o contubernio frente a agresiones contra voces críticas y disidentes. Asimismo, atribuyeron el ataque contra José Alberto Martínez Luna a la postura pública que la organización ha mantenido frente a diversas decisiones gubernamentales.
De acuerdo con su posicionamiento, el Comité Regional de la Sierra Sur respaldó la reciente huelga magisterial, denunció compromisos incumplidos del gobierno en Miahuatlán y manifestó su rechazo a temas como la instalación de un basurero y presuntos actos de represión contra comerciantes de la región.
Entre sus exigencias, demandaron a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, encabezada por Bernardo Rodríguez Alamilla, realizar una investigación exhaustiva que permita identificar y sancionar tanto a los autores materiales como intelectuales del ataque.
Además, responsabilizaron políticamente al gobierno municipal de Miahuatlán, presidido por César Figueroa, así como al gobierno estatal, por considerar que existe responsabilidad por acción u omisión en los hechos de violencia denunciados, por lo que exigieron la renuncia del edil.
En el mismo pronunciamiento, solicitaron al Tribunal Superior de Justicia del Estado emitir una sentencia condenatoria contra Diego N.A., señalado como responsable de la agresión armada cometida hace tres años contra José Armando González Santos, integrante del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MIUCO), cuyo proceso penal se encuentra en su etapa final.
Finalmente, el FPR llamó a las organizaciones sociales, sindicales, activistas y defensores de derechos humanos a fortalecer la unidad del movimiento popular ante lo que calificaron como un “clima de violencia de Estado”, advirtiendo que permanecerán atentos a futuras movilizaciones.
