El domingo pasado, en el programa “Fórmula Fin de Semana” que conduce Manuel Feregrino con Omar Sánchez de Tagle, Roberto López y quien teclea estas líneas, tuvimos la oportunidad de conocer en voz de Denisse González, Coordinadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana –PDH Ibero- los puntos finos y avances de una investigación realizada conjuntamente con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos –CMDPDH- basada en poco más de tres mil registros de notas de prensa local y nacional sobre casos de fosas clandestinas descubiertas desde 2007 hasta 2014, con el objetivo de que tal información pueda ser comparada tanto con las cifras oficiales existentes, así como con otras de organizaciones y universidades que han estudiado el tema.
Poco debatidos públicamente, los casos se multiplican, dejando además una estela de incertidumbre y dolor. Viene a mi memoria la imagen de una mujer, madre, cuyo hijo, que se dedicaba a la compra y venta de autos usados, viajó hace doce años al estado de Veracruz; hasta la fecha no se ha encontrado rastro de él. En su búsqueda, la madre invirtió todo su patrimonio. Era dueña de una ferretería y dos modestos inmuebles en el Estado de México que terminó vendiendo. Durante meses se atrincheró en Jalapa. Un día, un Comandante le solicitaba apoyo para seguir una pista; al siguiente, un Ministerio Público hacía lo propio para desarrollar otra línea de investigación; de hecho, recorrió casi todo el país hasta cruzar la frontera, pues alguien le dijo que estaba preso “del otro lado”.
De lo expresado por Denisse González –contextualizado en un documento- les comparto algunas de sus conclusiones más relevantes: “El hallazgo de fosas clandestinas ha sido recurrente durante la última década en el país, derivado de un escenario de violencia(s) generalizas(s), con diferentes matices; las cifras oficiales de la Procuraduría General de la República –PGR- señalan que de agosto de 2006 a junio de 2015 se han exhumado 662 cuerpos de personas de 201 fosas en 16 estados del país. Por su parte, la Secretaria de la Defensa Nacional –SEDENA- señala que de marzo de 2011 a febrero de 2014 se han exhumado 534 cuerpos de 246 fosas en el mismo número de entidades. Han existido casos de fosas que han recibido una exposición significativa a nivel nacional e internacional, como los ocurridos en San Fernando Tamaulipas en 2011; La Barca, Jalisco a fines de 2013 y comienzos de 2014; y en fechas recientes, en Tetelcingo, Morelos y Colinas de Santa Fe en Veracruz”.
“Las cifras oficiales respecto a esta situación varían de una institución a otra; así también, no todas las fiscalías estatales han hecho públicas sus cifras en torno al hallazgo de fosas clandestinas; para complejizar aún más el problema, hay casos que han sido documentados por medios locales, pero no han tenido la misma difusión a nivel nacional ni están en los registros oficiales; de forma adicional, ciertos municipios tienen una probabilidad alta de tener fosas, sin embargo no se han encontrado; por lo tanto hasta hoy no sabemos con precisión cuantas fosas clandestinas existen en nuestro país”.
El ejercicio consideró los municipios registrados en la base de datos de la UIA en los años 2013 y 2014, los cuales tuvieran un caso o más de fosas, así como en los que se cree muy difícil encontrar una. Se agregaron variables geográficas y sociodemográficas que Data Cívica ha sistematizado y un modelo estadístico diseñado por Human Rights Data Analysis Group para predecir en qué municipios es posible encontrar fosas clandestinas.
“¿Qué lecciones se pueden aprender de este ejercicio?; si tomamos en cuenta el contexto de violencia actual en el país y a este se suma la posible relación de hallazgo de fosas clandestinas con las violaciones graves a Derechos Humanos –ejecuciones extra judiciales, desaparición forzada y tortura- el uso de este modelo adquiere mayores implicaciones; podría comprobarse si es certero o no –una vez sistematizadas las notas de prensa, de los últimos años, en especial 2016- que en alguno de los municipios donde se predice que hay una fosa, ésta se encuentre ahí en 2017. Sin embargo, debemos ser prudentes con estas conclusiones, ya que, por un lado, los colectivos de familiares que están descubriendo fosas en diferentes estados de la república corren enormes riesgos; por otro lado, el gobierno mexicano tiene aún grandes retos para identificar los cuerpos y restos de las personas; y también hay que considerar la complejidad de actores involucrados en los procesos de exhumación”.
Como se advertirá, el esfuerzo que se realiza desde la Universidad Iberoamericana es notable y digno de reconocimiento. Los hechos reales ahí están y van lamentablemente en aumento. A pregunta de Roberto López sobre la perspectiva al día de hoy, la investigadora respondió que es muy posible que en este 2017 existan fosas clandestinas en todo el país.
Ya en las conclusiones, con las que coincidió la mesa; Denisse González planteó “es de vital importancia determinar la identidad de las personas que ahí se encuentran, empezar a solucionar los problemas de justicia e impunidad, devolver los cuerpos a los familiares y llevar a cabo investigaciones que permitan conocer sus historias; más aún, es fundamental que como sociedad empecemos a responder preguntas que nos posibiliten encontrar soluciones a la crisis de Derechos Humanos que enfrentamos, desde PDH Ibero, creemos que algunas de ellas son: ¿Dónde están y quienes son las personas que fueron inhumadas clandestinamente? Y ¿Quiénes depositaron sus cuerpos en fosas clandestinas y por qué?”.
Es tiempo de poner rostro, nombre y motivos a los miles de desaparecidos desde 2006. Una cirugía social mayor similar a la realizada en Argentina, Chile, Colombia y otros países; donde se establezcan responsabilidades, incluyendo las del Estado y sus actores y pueda resurgir una nueva sociedad en nuestra patria. La Memoria como política de Estado.
¿Alguien puede asegurar que esto ya está decidido?
RAÚL CASTELLANOS HERNÁNDEZ / @rcastellanosh
