Un Estado social de derecho es aquel que amplía y fortalece los derechos sociales de las y los trabajadores de la industria, el campo y los servicios, para conciliar los intereses del capital y el trabajo en el proceso productivo, y no dejar la ecuación, naturalmente desequilibrada, al arbitrio de las leyes del mercado. Por eso es un paso adelante, en este cometido de búsqueda de la justicia distributiva, el cada vez mayor acceso de la población mexicana a una vivienda, a partir de nuevas leyes, nuevas políticas públicas y una mayor sensibilidad y eficacia del Estado mexicano.
A este espíritu de ensanchamiento de derechos sociales obedece la reforma a los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, aprobada por los diputados la semana pasada, y que permite que la planta trabajadora afiliada al ISSSTE puedan recibir créditos del Fondo de Vivienda hasta por dos ocasiones.
Esta nueva normatividad permitirá al trabajador no sólo ampliar la vivienda sino adquirir otra cuando el producto del esfuerzo acumulado le permita aspirar, aprovechando la herramienta del crédito avalado por el Estado, a una nueva casa o departamento para una mayor calidad de vida.
En otro rubro, en el Legislativo federal reformamos, adicionamos y derogamos diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Federal de Extinción de Dominio y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, a fin de sancionar a quienes hagan uso ilícito de productos petroleros, de hidrocarburos y sus derivados, una actividad que año con año significa la pérdida de miles de millones de pesos no sólo para PEMEX sino para el erario nacional, la capacidad del Estado mexicano para atender los imperativos crecientes del desarrollo nacional.
Las reformas consigna que en caso de que el responsable de dicho delito sea franquiciatario, asignatario, contratista, permisionario o distribuidor, además de las penas correspondientes, se le impondrá como sanción la suspensión de actividades, así como la disolución y liquidación de la sociedad.
Se califica a estos delitos ahora como robos calificados, terrorismo o cometido por delincuencia organizada, para inhibir estas prácticas tan onerosas y nocivas para el fisco y para toda la población mexicana.
En materia de Pesca y Acuacultura, se reformó el artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, para establecer que la pesca de fomento científico, técnico y de instituciones de investigación extranjera, se realizará en conjunto y bajo supervisión del Instituto Nacional de Pesca.
Entre otras importantes reformas legislativas aprobadas la semana, se modificó la fracción XI del artículo 40 de la Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres, para contribuir a un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares, reconociendo a los padres biológicos y adoptantes el derecho a un permiso y a una prestación por paternidad.
También quiero participar a las y los lectores, en este espacio de reflexión, que el jueves de la semana pasada, presenté un punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP a instaurar acciones para establecer un sistema nacional de matrícula única en educación básica.
Argumenté que “uno de los propósitos expresos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y del plan sectorial correspondiente, es el de garantizar la educación de calidad con equidad a todos los mexicanos, mediante los proyectos y las acciones que desarrolle el gobierno federal en el marco de los instrumentos de la política pública mencionados, para lo cual el Poder Ejecutivo federal promovió la reforma de los artículos 3 y 73 constitucionales, así como las de la Ley General de Educación y la promulgación de las Leyes General del Servicio Profesional Docente, y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, para garantizar el marco legal adecuado para las acciones mencionadas.
“En el artículo 12, fracción X, de la Ley General de Educación se establece el Sistema de Información y Gestión Educativa (Siged), y por ley el Registro Nacional de Alumnos, Maestros y Escuelas (Rename), forma parte del Siged. La información del Rename tiene carácter de información de interés nacional de acuerdo con el INEGI mediante el acuerdo publicado el 8 de agosto de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, y por lo cual será oficial y de uso obligatorio para la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios de acuerdo con el artículo 6 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.
Expresé en mi razonamiento que es del todo viable y necesario que los registros de matrícula del Siged den lugar a un instrumento para fortalecer la operación del sistema educativo nacional, sobre todo para dar garantía al ejercicio del derecho a la educación, ante las frecuentes violaciones a este derecho básico de los mexicanos, prácticas amparadas en las deficiencias que aún tiene el marco normativo vigente.
Observé que “las violaciones no sólo derivan de la falta de claridad y precisión acerca de en qué condiciones se puede hablar de violación del derecho a la educación sino, además, a las actuales características de instrumentos legales como el juicio de amparo, que presenta serias deficiencias al respecto y donde se sigue exigiendo que se pruebe un acto de la autoridad dirigido directa y personalmente contra el quejoso; que muchas veces no es el caso.
Por eso, señalé, “en el marco de la actual reforma educativa, es factible la creación de la matrícula nacional única para todos los escolares que se incorporen y registren en algunos de los servicios de educación básica, pública o privada que operan en la República Mexicana. Dicha matrícula nacional única daría identidad jurídica al sujeto cuyo derecho a la educación tutela el marco normativo vigente.
Precisé que “la base de datos asociada al registro de la matrícula nacional única, integraría información psicopedagógica de todos y cada uno de los escolares que asistan a los servicios de educación establecidos, que complementaría la información del Siged a través del Rename, cuya información tiene carácter estratégico y obligatorio para todas las entidades que operen en el sistema educativo nacional. Comprendería también la ubicación actualizada de los escolares, relativa al centro educativo al que asisten e incluso el historial de su trayectoria escolar, tan útil para el caso de la niñez que emigra con sus familias por motivos económicos o sociales”.
A partir de estos razonamientos, propuse como Punto de Acuerdo Único:
“Se exhorta respetuosamente al Secretario de Educación Pública a considerar, en uso de sus facultades y atribuciones, el diseño y la instauración de acciones orientadas al establecimiento de un sistema nacional de matrícula única para el nivel básico de los servicios de educación pública y particular, en los estados, Distrito Federal y municipios de la República Mexicana”.
En esta semana también tuve la oportunidad de estar presente, como miembro de la Comisión de Cultura del Congreso, en el inicio de los trabajos para conservar y restaurar el Museo Rodolfo Morales, uno de los más importantes recintos culturales de Oaxaca.
Desde la Cámara de Diputados del Congreso Federal y desde todos los espacios de la sociedad civil, mi voz y mi voto seguirán siendo en favor del fortalecimiento de los derechos sociales de las y los mexicanos, como la educación y la vivienda, y por la protección de los activos culturales de la nación y de Oaxaca.
