En Oaxaca la justicia “está tuerta” porque mira para donde le conviene y no hay investigaciones de los asesinatos, señaló el diputado local del PT Flavio Sosa Villavicencio durante la comparecencia de la titular de la Procuraduría de Justicia, María de la Luz Candelaria Chiñas.
En Oaxaca –agregó el legislador– se cometen feminicidios, pederastia con complicidad del poder, crímenes contra periodistas, torturas, criminalización de la protesta social, no hay justicia, aseveró, para luego preguntar: ¿cuántas averiguaciones previas existen derivadas del conflicto del 2006?
En lo que fue la última comparecencia de la glosa del IV Informe de Gobierno, diputados de las diferentes fracciones parlamentarias del Congreso se pronunciaron por analizar y contribuir en mejorar la legislación referente a la procuración de justicia, al ser uno de los temas más sensibles para la sociedad y que menos resultados ha dado.
Entre los cuestionamientos sobre el avance de las investigaciones en torno a asesinatos de líderes sociales e indígenas, donde incluso la diputada Leticia Álvarez Martínez, del PRD, llamó a guardar un minuto de silencio a un mes de la muerte del líder del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT), Heriberto Pazos, y la repetida manifestación de que en Oaxaca no hay justicia, la funcionaria respondió a las preguntas de los legisladores del PRI, PAN, PRD, PT y PC, algunos quienes incluso solicitaron su participación aunque no integran la comisión citada.
Candelaria Chiñas señaló que el combate del delito no es una responsabilidad sólo del Estado, sino un compromiso compartido con la sociedad, ya que en la medida en que cada uno cumpla un propósito sano, la delincuencia disminuirá y en ese tenor hizo un llamado a los legisladores a que en la distribución del presupuesto le den al tema de la procuración de justicia el lugar que merece, que lo saquen del último cajón y pueda otorgársele mayores recursos para equipamiento, recurso humano y capacitación, así como una revisión a su marco legal a fin de hacerlo más eficiente.
El diputado Elías Cortes López, del PRI, hizo eco de la petición y convocó a los legisladores a homologar las normas estatales a las hechas a nivel federal en materia penal y adecuarlas a las necesidades de la sociedad oaxaqueña. Con responsabilidad compartida y la ayuda de la gente especializada en la materia revisemos la legislación para transitar a esa realidad que los oaxaqueños exigen y que es necesaria ante los nuevos tiempos que vivimos, dijo. Consideró que la PGJE ha contribuido al clima de seguridad que la sociedad con justa razón exige.
La también petista diputada Hita Beatriz Ortiz Silva reconoció que de todos los funcionarios comparecientes era la más tranquila, pero desde la tribuna exigió justicia para los indígenas injustamente recluidos, cuyo número de casos preguntó, para esclarecer los asesinatos de taxistas en la Mixteca.
La diputada Leticia Álvarez Ramírez, del PRD, se pronunció por la falta de resultados en las muertes de César Toimil, Miguel Herrera Lara, Anastasio Juárez Hernández, Alberta Beatriz Cariño y Tyri Antero Jaakkola, así como Beatriz López Leyva, Catarino López Pereda y Heriberto Pazos Ortiz, entre otros. A esta postura se sumó el diputado también del PRD, Pavel López Gómez.
El presidente la Comisión Permanente de Administración de Justicia, Luis de Guadalupe Martínez Ramírez, del PAN, cuestionó sobre la implementación de nuevos modelos simplificados de justicia y el caso de los defraudados por las cajas de ahorro, principalmente en la Mixteca, mientras que la también panista Marlene Aldeco Reyes Retana pidió cuentas sobre los robos de arte sacro y los atentados contra los sacerdotes.
Por parte del PC, la coordinadora de la fracción, diputada Margarita García García, aseveró que la realidad es que Oaxaca atraviesa “por una etapa de terror” por la inseguridad, la violencia y el miedo que prevalecen por los hechos violentos suscitados recientemente. Solicitó nombres de funcionarios sancionados y el sueldo de los agentes del Ministerio Público.
La diputada María Mercedes Rojas Saldaña interrogó a Candelaria Chiñas sobre las acciones en contra de la trata de personas, la explotación sexual y tráfico de órganos y la pederastia.
En su informe, la procuradora general de Justicia señaló que dentro de la actividad sustantiva, de enero a la fecha, la institución del Ministerio Público inició 38 mil 150 averiguaciones previas, en lo que se refiere al sistema tradicional mixto inquisitivo. De las averiguaciones previas resueltas, se ejercitó acción penal ante la autoridad judicial en 3 mil 745 averiguaciones previas; se determinó el archivo y no ejercicio en 8 mil 12 indagatorias y la reserva correspondiente en 7 mil 456 averiguaciones previas ante la imposibilidad temporal y legal de contar con mayores elementos para lograr su perfeccionamiento.
