La presidencia del Consejo Local del Instituto Federal Electoral (IFE) en Oaxaca notificó a los partidos políticos en la entidad el acuerdo del Consejo General donde se establecen los requisitos que los precandidatos deben cumplir al presentar su informe de ingresos y gastos de precampañas, con el fin de desarrollar un proceso transparente.
El documento aprobado por unanimidad por los consejeros electorales, en sesión ordinaria el pasado 25 de enero, contiene las reglas y procedimientos que llevarán a cabo los partidos políticos y sus precandidatos ante la autoridad electoral para acreditar el origen y monto de los recursos ejercidos, así como comprobar su adecuado ejercicio, conforme lo marca la ley.
Entre estas reglas se encuentran que los precandidatos deben entregar al órgano interno de su partido los informes de ingreso y gastos aplicados a las precampañas, a más tardar dentro de los siete días siguientes al de la jornada comicial interna o celebración de la asamblea respectiva, en los formatos incluidos en el Reglamento de Fiscalización, de conformidad con el artículo 214, numeral 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE).
A su vez, los partidos entregarán a la Unidad de Fiscalización del IFE, dentro de los 30 días siguientes a la conducción de las precampañas, los informes de los ingresos y gastos aplicados por cada precandidato, independientemente si obtuvo o no la candidatura. Asimismo, deberán señalar a quienes hayan incumplido con la obligación de presentar el respectivo informe.
Si se advierte la probada realización de actos anticipados de campaña, la Unidad de Fiscalización hará vista a la Secretaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral.
Al finalizar estos procedimientos de revisión se podrá determinar si los recursos fueron ejercidos adecuadamente y si se ajustaron al tope máximo de precampañas. En caso de acreditarse irregularidades se iniciarán los procedimientos especiales sancionadores que la ley establece.
Con este aviso el IFE en Oaxaca recuerda a los precandidatos y a los partidos políticos que el uso de los recursos públicos destinados a las precampañas tiene un marco legal rígido al que deben ceñirse para garantizar la transparencia y legalidad de los procesos internos de selección.
