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El fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, rechazó que la carpeta de investigación relacionada con las amenazas denunciadas por el periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar haya estado extraviada.
Además, acusó a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) de no guardar la confidencialidad de información ministerial, con lo que, afirmó, ha puesto en riesgo el debido proceso y a las propias víctimas.
Rodríguez Alamilla respondió así a los señalamientos de la defensora Elizabeth Lara Rodríguez sobre la falta de respuesta de la Fiscalía respecto de la carpeta de investigación 33667/FVC2Oaxaca/2025.
El fiscal sostuvo categóricamente que el expediente siempre estuvo localizado.
“No, nunca estuvo perdida la carpeta. La carpeta nunca estuvo extraviada”, afirmó al ser cuestionado sobre las declaraciones de Lara Rodríguez.
Explicó que la Fiscalía recibió solicitudes de información de la DDHPO, pero sostuvo que existen restricciones legales para entregar datos contenidos en una investigación penal a otras autoridades.
Rodríguez Alamilla argumentó que la información de una carpeta de investigación tiene carácter confidencial y que su divulgación indebida puede generar responsabilidades conforme al artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
“Los datos de una carpeta de investigación, y se lo tengo que aclarar muy bien, son confidenciales y no pueden compartirse a otras autoridades”, manifestó.
El fiscal también lanzó cuestionamientos contra la propia Defensoría y aseguró que, en ocasiones anteriores, información proporcionada por la Fiscalía a ese organismo no habría conservado la confidencialidad requerida.
“Desafortunadamente también lo tengo que señalar: en algunas ocasiones que hemos compartido información muy puntual de algunas situaciones que se nos han requerido, la confidencialidad de esta información por parte de la institución defensora no se ha hecho”, señaló.
Rodríguez Alamilla advirtió que esta situación puede poner en riesgo el debido proceso e incluso afectar a las propias víctimas relacionadas con las investigaciones.
“Poniendo en riesgo, incluso, el debido proceso y a las propias víctimas que han solicitado esa información”, reprochó.
Y es que después del asesinato de Alejandro Leyva Aguilar, perpetrado el pasado 22 de julio en San Pablo Etla, crimen cuya investigación fue atraída por la Fiscalía General de la República (FGR), Lara Rodríguez, intentó lavarse las manos.
Antes de su asesinato, Leyva había denunciado amenazas y acudido ante distintas instituciones. El 14 de julio de 2025 presentó una queja ante la DDHPO y posteriormente formuló denuncias relacionadas con hechos que consideraba amenazas y hostigamiento.
La FGR asumió la investigación del asesinato para esclarecer el crimen y determinar responsabilidades, incluidas las posibles líneas relacionadas con la actividad periodística de Leyva Aguilar.
