* Evo Morales era jefe de un cartel de Narcotráfico, él controlaba todo ese negocio, era el presidente de las 6 federaciones cocaleras del chacal, le vendía cocaína al cártel de Sinaloa a 2500$ el kilo, cuyo jefe era el Chapo, revela David Beriain.
* Carlos Loret de Mola revela en su columna Historias de Reportero que quien dio la instrucción para liberar a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán y heredero del cártel de Sinaloa, fue Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
La renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia ha dado un giro global altamente preocupante al denunciarse sus nexos con el narcotráfico de Bolivia y del cártel de Sinaloa en México, y el trasiego de drogas hacia Estados Unidos.
En marzo de 2015 el ex ministro de Gobierno de Bolivia, Hugo Moldiz, confirmó que Jesús Alfredo Guzmán, hijo de El Chapo, viajó a la ciudad oriental de Santa Cruz en 2011, donde asistió a una escuela de aviación.
Con la complicidad de funcionarios incluyendo al ex Comandante General de la Policía, Oscar Nina, quien fue detenido, se reunió con miembros de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).
Por otro lado, las violaciones a las convenciones internacionales de asilo por el activismo conspirativo del ex presidente boliviano desde México obligará muy pronto a la intervención de la OEA, lo que provocará un conflicto diplomático internacional innecesario.
El embajador estadounidense ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, califica de inaceptable el supuesto audio del expresidente Evo Morales, quien pediría bloquear las ciudades bolivianas a un dirigente cocalero por teléfono, presuntamente desde México.
“Es una violación a los términos de la Convención de Viena, algo que las autoridades mexicanas tienen que investigar”, mencionó durante una conferencia celebrada el viernes en el Diálogo Interamericano, en referencia a que Morales esté asilado en México luego de renunciar a la presidencia de Bolivia.
Bolivia presentará ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya una demanda contra Evo por crímenes de lesa humanidad, con base en el video en el que ordena dejar sin alimentos a varias ciudades.
El gobierno de Bolivia presentó ya una “protesta formal” ante México por las manifestaciones de Evo Morales que a juicio de La Paz “contravienen” su condición de asilado político.
Bolivia expresó a México, además, “su profunda molestia” por permitirle al expresidente efectuar declaraciones que evidencian su “actividad conspirativa” contra el gobierno de Jeanine Áñez.
Ello se agrava con la probable vinculación de Alfonso Durazo Montaño, Secretario de Seguridad, con el Cartel de Sinaloa al ordenar la liberación de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán.
Ambas circunstancias abren la puerta en México a una mayor injerencia de las agencias de seguridad norteamericanas, DEA, CIA y FBI, máxime que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García, denuncia actos de narcoterrorismo, aunque lo niegue la secretaria de Gobernación.
Lo mismo ocurrirá con la demanda de los legisladores del PAN ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la violación a la Constitución, por la ilegal imposición de Rosario Piedra Ibarra al frente de la CNDH.
La permanencia de la ombudsperson impuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador es insostenible por el rechazo de los gobernadores del PAN a sus recomendaciones, a los que sumará el de otros mandatarios de partidos de oposición.
La estrecha relación entre los narcotraficantes bolivianos y mexicanos, principalmente con el Cártel de Sinaloa, salió a la luz con el trabajo del periodista español David Beriain, quien logró pasar más de tres meses infiltrado en el cártel del Chapo Guzmán.
Beriain, quien ha sido corresponsal de guerra en Irak, Afganistán y Libia, documentó lo que ocurre al interior del Cártel de Sinaloa. Fue casi un año entero dedicado al proyecto que se transmitió en tres capítulos del programa Clandestino, por Discovery Channel.
«Evo Morales era jefe de un cartel de Narcotráfico, él controlaba todo ese negocio, era el presidente de las 6 federaciones cocalera del chacal, le vendía cocaína al cártel de Sinaloa a 2500 dólares el kilo, cuyo jefe era el Chapo».
“El negocio real del cártel es la traída de la cocaína desde los países productores, Colombia, Perú, Bolivia, hasta Culiacán, Sinaloa”, dijo Beriain en una entrevista con el diario estadounidense Huffington Post.
En Bolivia, el kilo de cocaína cuesta dos mil 500 dólares. Cuando llega a México el costo es mucho más alto, 17 mil dólares, y una vez puesta en Estados Unidos o en Europa el precio aumenta dramáticamente.
El periodista peruano Jaime Bayly señaló que Evo Morales, había hecho negocios durante años con Joaquín “El Chapo” Guzmán y que eso provocó una cierta bonanza económica en el país del “corazón de América del Sur”.
“Hay que ver la plata que se ha ganado Evo con narcotraficantes mexicanos durante casi 14 años, ¿dónde la tiene escondida?”, dijo al portal Infobae.
La investigación periodística de David Beriain, no hace más que confirmar la fundada presunción que el dinero sucio o lavado del narcotráfico financia el populismo de los gobiernos socialistas en América Latina y el Caribe, destacadamente en Cuba y Venezuela.
Esa presunción fundada se hace extensiva al caso de México en el que Carlos Loret de Mola revela en su columna Historias de Reportero que quien dio la instrucción para liberar a Ovidio Guzmán fue Alfonso Durazo, secretario de Seguridad presuntamente vinculado al Chapo Guzmán.
Al mismo tiempo, complica el estatus de asilo otorgado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se agrava al llamar a la violencia, sedición y terrorismo en Bolivia desde México.
Ambas situaciones meten en serios problemas diplomáticos a nuestro país al violar los principios y acuerdos del Tratado de Montevideo con sus constantes llamados a la violencia en Bolivia.
Si quiere permanecer asilado con todos los lujos en México, Evo Morales Ayma debe abstenerse de seguir haciendo estos llamados a la violencia, sedición y terrorismo en Bolivia desde México.
En caso contrario, los estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) al igual que otros organismos internacionales se verán obligados a exigir evitarlo al gobierno de México.
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