Aurelio Nuño Mayer, Secretario de Educación Pública, hizo un importante anuncio la semana pasada que, desafortunadamente, se vio eclipsado por el derrame de noticias que como hemorragia desangró al gobierno y asombro a la nación; ya sabe, narcos, artistas, corrupción, etc. Sin embargo, no por eso lo anunciado por el Secretario de Educación del país careció de importancia. Por el contrario, la tiene y mucha, trascendental diría yo, y que debería ser imitada por otras secretarias de estado con titulares que están obligados a cuidar los intereses y los dineros de la nación en momentos en que la economía obliga a apretar los cinturones de la clase trabajadora y del gobierno mismo.
Vayamos por partes: Aurelio Nuño dijo contundente: “A partir de la segunda quincena de enero, ya no se pagaran los sueldos de 2 mil dos cientos profesores comisionados a funciones sindicales, de acuerdo a la Ley del Servicio Profesional Docente”. “Estamos dando fin a una práctica de hace 40 años”.
Hace cuatro décadas, el presidente de México era Luis Echeverría Álvarez y en su gabinete hubo un interregno en la Secretaria de Educación Pública, pues de 1970 a 1975 el titular lo fue el Ingeniero Víctor Bravo Ahuja, ex gobernador de Oaxaca y de 1975 a 1976 el secretario fue Porfirio Muñoz Ledo, ambos fueron los encargados de llevar a cabo las negociaciones sindicales y el otorgamiento de algunos privilegios como el pago de salarios a los comisionados sindicales, mal llamados prestaciones sociales o derechos de los trabajadores sindicalizados.
¿Por qué pagar salarios a los trabajadores que se comisionan a los sindicatos para desempeñar labores sindicales y políticas con miras a las cámaras legislativas y no las correspondientes a la institución en donde prestan sus servicios, en este caso, la Secretaria de Educación Publica?
El costo de esta concesión otorgada por los diferentes gobiernos durante 40 años le ha costado al país 1,000 millones de pesos anuales o el equivalente a 40 mil millones de pesos durante cuarenta años. A cambio, el país y sus gobiernos han recibido de todo, desde el comportamiento disciplinado e incondicional del sindicalismo corrupto y charro, hasta las fuertes presiones de sindicatos de oposición que, en algunos casos, fueron aniquilados o combatidos por gobiernos que rompieron con violencia las huelgas declaradas del sindicalismo combativo; varios líderes magisteriales murieron por las represiones gubernamentales.
En otros casos, las organizaciones sindicales se convirtieron en grupos de presión y chantaje para exprimir los dineros de la nación. El caso de la CNTE y sus brazos violentos en Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Baja California y Aguascalientes lo han demostrado.
Tuvieron que enviarse iniciativas de ley al congreso, por parte del gobierno mexicano, a fin de que el rumbo del país optara por mejores y adecuadas opciones como ha sido el caso de la Reforma Educativa que hoy por hoy representa un cambio profundo en un sistema atrasado, obsoleto y corrupto.
La Reforma Educativa implica varios cambios que ha estado operando Aurelio Nuño como secretario de una institución que, hace ya muchos años, brilló como ninguna Secretaria de Estado, cuando fue conducida por históricos académicos que desearon hacer de la educación en México el instrumento y base principal del desarrollo humano.
Recordemos a José Vasconcelos que lo fue de 1921-1924; a Bernardo J. Gastélum en 1924; a José Manuel Puig Casauranc de 1924-1928 y de 1930-1931; a Ezequiel Padilla de 1928-1929; a Narciso Bassols de 1931-1932; a Eduardo Vasconcelos en 1934; a Ignacio García Téllez de 1934-1935; a Jaime Torres Bodet de 1943.1946 y de 1958-1964; a Agustín Yáñez de 1964-1970 a José Ángel Ceniceros 1952-1958; a Porfirio Muñoz Ledo 1976-1977; a Fernando Solana 1977-1982; a Jesús Reyes Heroles 1982-1985, y varios más.
En consecuencia, este cambio significa que los sindicatos de profesores deberán pagar, a partir de la segunda quincena de enero, los sueldos de sus comisionados y por sus comisionados, toda vez que trabajarán para sus sindicatos y no para la Secretaria de Educación. Es lo justo ¿no?
Esta decisión atinada y políticamente adecuada es sana porque pone fin a la corrupción sindical entre el gobierno y los sindicatos a modo o charros, como usted quiera llamarlos. De manera que la relación gobierno-sindicatos se tornará en una relación laboral estrictamente profesional y no de amasiato político sujeto a los intereses pendulares de una u otra parte.
Un acierto que está llamado a ser histórico y políticamente correcto, a pesar de las noticias que causan escándalo mediático, pero que en nada benefician a México.
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