La diputada Margarita García García, del partido Movimiento Ciudadano (MC), propuso adicionar una fracción más al artículo 12 de la Ley del Notariado para el Estado de Oaxaca, para otorgar certeza jurídica en la entrega de los fiats notariales y eliminar las viejas prácticas de administraciones pasadas donde esas certificaciones se otorgaban a amigos o lacayos como pago de favores.
La adición propuesta por la legisladora especifica que quien sea acreedor a un fiat no debe haberse desempeñado durante los últimos tres años como empleado, funcionario o servidor público del Estado o municipio en el periodo constitucional del titular del Poder Ejecutivo estatal.
García García, enfatizó en que la fe pública como atribución del Estado de ninguna manera puede confundirse o explotarse con carácter de negocio privado, ganancia o rentabilidad, tampoco entregarse como dádiva o premio a empleados, funcionarios o servidores públicos.
Para establecer la certeza jurídica en la entrega de fiats notariales, la diputada del MC presentó en la sesión ordinaria de la LXI Legislatura del Estado, efectuada este miércoles 1 de agosto una iniciativa con proyecto de decreto.
En su exposición de motivos, resalta que al otorgarse los fiats como dádiva o premio a empleados, funcionarios o servidores públicos, se vulnera el derecho del resto de los ciudadanos con capacidad para acceder a una patente de fe pública notarial.
“También se degrada el sentido crítico y otros principios fundamentales que deben observarse en el ejercicio correcto de la administración pública cuya conducción debe hacerse con trasparencia”, indicó.
La diputada García García señaló que quien tiene en sus manos la fe pública, está perseguida y cuestionada por la discrecionalidad de su otorgamiento; pues aunque en apariencia se cumplieron con los requisitos legales, la realidad es que las fiats no fueron para los profesionistas del derecho sino para los amigos y servidores fieles de quienes fueron gobernadores en turno.
Indicó también que según se estipula en la legislación local, “el ejercicio del Notariado es una función de orden público que compete al Estado, quien la delega a profesionales del Derecho para investirlos de fe pública”.
Dijo que en la actualidad, la sociedad oaxaqueña tiene la percepción generalizada en el sentido de que el otorgamiento de patentes notariales como función a cargo del Poder Ejecutivo delegada a particulares se ha convertido en una potestad burocrática y politizada.
Por ello, la representante popular dijo que desde el Congreso del Estado se debe cuidar de la regulación notarial, dado que existen antecedentes relativos a que en la recta final de los anteriores sexenios los mandatarios fueron presurosos en entregar patentes de ejercicio notarial a funcionarios públicos, y colaboradores cercanos de sus respectivas administraciones.
