El inmueble habría sido utilizado para fabricar y distribuir productos apócrifos de tabaco. Las autoridades estiman que el aseguramiento representa una afectación de entre 225 y 330 millones de pesos al mercado ilícito; los imputados permanecerán en prisión preventiva mientras continúa la investigación.
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de tres personas identificadas como Mathew “N”, Elliot “N” y Antonio “N”, por su probable participación en diversos delitos relacionados con el funcionamiento de un centro clandestino presuntamente dedicado a la fabricación y distribución de cigarros falsificados.
El caso deriva de la ejecución de una orden judicial de cateo en un inmueble ubicado en Huixquilucan, Estado de México, donde las autoridades localizaron instalaciones, productos e insumos que, de acuerdo con las investigaciones, estarían relacionados con la producción ilegal de tabaco.
Según la estimación presentada por las autoridades, el aseguramiento habría generado una afectación económica de entre 225 y 330 millones de pesos al mercado ilícito de cigarros, una cifra que dimensiona el posible alcance comercial de la operación investigada.
Tras analizar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público de la Federación, un juez de control calificó de legal la detención de los tres imputados y determinó vincularlos a proceso.
Juez impone prisión preventiva y fija cuatro meses de investigación
Durante la audiencia inicial, el órgano jurisdiccional resolvió que existían elementos suficientes para continuar el procedimiento penal contra Mathew “N”, Elliot “N” y Antonio “N”, por su probable participación en delitos contra la propiedad industrial, infracciones en materia de control del tabaco y portación de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Como medida cautelar, el juez impuso prisión preventiva a los tres imputados, quienes permanecerán privados de la libertad durante el desarrollo del procedimiento, conforme a lo determinado judicialmente.
Asimismo, estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, periodo durante el cual el Ministerio Público y las defensas podrán continuar con la presentación y revisión de los elementos probatorios correspondientes.
La vinculación a proceso no constituye una sentencia condenatoria. La responsabilidad penal de cada persona deberá determinarse mediante el procedimiento judicial y con respeto a la presunción de inocencia.
Cateo permitió localizar instalaciones presuntamente destinadas a la producción ilegal
De acuerdo con la FGR, las investigaciones que derivaron en el cateo permitieron intervenir un inmueble que presuntamente funcionaba como centro de fabricación y distribución de cigarros apócrifos.
Las autoridades señalaron que la infraestructura localizada, el volumen de productos e insumos asegurados y la capacidad productiva identificada apuntan a una operación de dimensiones relevantes dentro del mercado ilegal del tabaco.
Sin embargo, la información difundida no detalla la cantidad exacta de cigarros incautados, el volumen total de materia prima, el número de equipos localizados ni el tiempo durante el cual habría operado el establecimiento.
Tampoco se han precisado públicamente los posibles destinos comerciales de los productos ni la identidad de otras personas que pudieran estar relacionadas con la operación.
Estos aspectos forman parte de las líneas que deberán esclarecerse durante la investigación complementaria.
Posible afectación millonaria al mercado ilícito
Uno de los elementos destacados por la Fiscalía es la estimación económica del aseguramiento, que oscila entre 225 y 330 millones de pesos.
De acuerdo con la institución, la cifra considera la infraestructura intervenida, el volumen de productos e insumos localizados y la capacidad productiva identificada durante las investigaciones.
La producción y comercialización de cigarros falsificados puede involucrar delitos contra la propiedad industrial y otras infracciones relacionadas con la regulación del tabaco. Además, los productos apócrifos pueden eludir los controles aplicables a la fabricación y comercialización de productos legales.
No obstante, la estimación económica comunicada por la autoridad debe entenderse como una valoración del posible impacto sobre el mercado ilícito, y no necesariamente como dinero recuperado, ganancias comprobadas de los imputados o un monto definitivo de daños.
Investigación estuvo a cargo de la FGR con apoyo de la SSPC
La vinculación a proceso fue resultado de los actos de investigación realizados por el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial, perteneciente a la Fiscalía Especializada de Control Competencial.
En las labores también participó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con las autoridades ministeriales responsables de integrar los datos de prueba y sustentar la imputación.
La FGR destacó que los resultados de la investigación permitieron presentar el caso ante el juez de control y obtener las medidas cautelares correspondientes.
La institución también describió el aseguramiento como uno de los casos recientes relevantes en materia de producción clandestina de tabaco, por las características de la infraestructura y el volumen de los materiales localizados. La comparación con operaciones investigadas en Canadá y la Unión Europea fue planteada por la propia autoridad; no se proporcionaron detalles adicionales para establecer una equivalencia entre los casos.
FGR busca identificar a otros posibles involucrados
La investigación no concluye con la vinculación a proceso de los tres imputados. La Fiscalía informó que continuará con las diligencias para determinar el alcance total de la presunta operación, identificar a otras personas que pudieran haber participado y establecer las responsabilidades que correspondan.
Entre los puntos pendientes se encuentran esclarecer el origen de los insumos, la posible distribución de los productos falsificados y la estructura de funcionamiento del centro clandestino.
El plazo de cuatro meses para la investigación complementaria permitirá a las partes profundizar en los elementos reunidos y aportar nuevas pruebas antes de las siguientes etapas del procedimiento.
Por ahora, los tres imputados enfrentarán el proceso penal bajo la medida cautelar impuesta por el juez, mientras la FGR continúa las investigaciones para determinar quiénes participaron en la presunta producción y distribución ilegal de cigarros en Huixquilucan.
