La investigación comenzó tras una denuncia anónima sobre el robo de carga en las carreteras San Luis Potosí-Matehuala y Federal 57. Durante tres cateos, las autoridades aseguraron inmuebles, vehículos, mercancía valuada en 3.7 millones de pesos, armas de fuego y 97 inhibidores de señal.
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de nueve hombres señalados por su posible participación en una red presuntamente relacionada con el robo al autotransporte de carga en San Luis Potosí.
Los imputados, identificados como Juan “N”, Aarón “N”, Jonathan “N”, Braulio “N”, Félix “N”, Enrique “N”, Ernesto “N”, Adrián “N” y Martín “N”, enfrentan investigaciones por diversos delitos, entre ellos asociación delictuosa, robo equiparado de vehículos, posesión de vehículos y mercancía robados, así como ilícitos relacionados con armas de fuego, cartuchos e inhibidores de señal.
Tras analizar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público Federal (MPF), la autoridad judicial determinó vincularlos a proceso, imponerles la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y establecer un plazo de tres meses para la investigación complementaria.
Denuncia anónima abrió la investigación
De acuerdo con la información difundida por la FGR, las indagatorias comenzaron a partir de una denuncia anónima que alertó sobre la posible participación de una persona en el robo de autotransporte de carga.
La información inicial señalaba que los hechos podrían estar relacionados con las carreteras libres que conectan San Luis Potosí con Matehuala y con la carretera Federal 57, particularmente en las inmediaciones de una gasolinera.
A partir de estos datos, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en San Luis Potosí, desarrolló diligencias ministeriales y actos de investigación e inteligencia para reunir elementos que permitieran avanzar en el caso.
Como resultado de esas actuaciones, la representación federal solicitó y obtuvo de la autoridad judicial tres órdenes de cateo para intervenir inmuebles que presuntamente podrían estar relacionados con las actividades investigadas.
Tres cateos en la capital potosina
Las órdenes judiciales se ejecutaron en dos inmuebles ubicados en la Zona Industrial y en otro situado en el fraccionamiento El Pedregal, ambos sectores de la capital de San Luis Potosí.
El operativo fue realizado de manera coordinada por la FGR, mediante la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos especializados, con la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Civil Estatal.
Durante las diligencias, las autoridades aseguraron los tres inmuebles intervenidos y diversos bienes que, de acuerdo con las investigaciones, podrían estar vinculados con los hechos denunciados.
La intervención permitió localizar mercancía, vehículos de carga, unidades de transporte y otros equipos cuya procedencia deberá esclarecerse dentro del procedimiento correspondiente.
Mercancía valuada en 3.7 millones de pesos
Entre los principales aseguramientos se encuentra un vehículo que transportaba alimentos perecederos, cuya mercancía fue valuada en aproximadamente tres millones 700 mil pesos.
Según la FGR, los productos podrían estar relacionados con los hechos investigados, aunque corresponderá a las autoridades determinar su procedencia y establecer si fueron obtenidos mediante actividades ilícitas.
Además de esa carga, fueron asegurados cuatro vehículos de alta gama y otros 11 vehículos de diferentes marcas, así como 11 montacargas, ocho tractores eléctricos, cuatro tractocamiones y siete semirremolques.
La cantidad y variedad de unidades localizadas forman parte de los elementos que deberán ser examinados para establecer su relación con la presunta red de robo al autotransporte.
También se encontraron tres computadoras portátiles y documentación diversa que podría aportar información para el desarrollo de las indagatorias.
Localizan armas y 97 inhibidores de señal
Durante los cateos, las autoridades también reportaron el aseguramiento de armas de fuego largas tipo fusil y armas cortas, además de cargadores y cartuchos de distintos calibres.
Otro de los hallazgos relevantes fue la localización de 97 inhibidores de señal y mil 456 antenas para estos dispositivos, equipos cuya posible relación con los hechos investigados deberá determinarse mediante los análisis correspondientes.
Asimismo, se aseguró una bolsa con marihuana y una pieza de taxidermia correspondiente a un oso.
Todos estos objetos quedaron sujetos a los procedimientos legales y periciales pertinentes para establecer su naturaleza, procedencia y posible relación con los delitos que se investigan.
La FGR no detalló en el comunicado la participación específica que presuntamente habría tenido cada uno de los nueve imputados ni atribuyó de manera individual la posesión de los objetos asegurados.
Prisión preventiva y tres meses para fortalecer la investigación
Con los datos de prueba reunidos, el Ministerio Público Federal obtuvo la vinculación a proceso de los nueve hombres por su posible participación en los delitos señalados.
La autoridad judicial impuso prisión preventiva oficiosa y concedió tres meses para la investigación complementaria, etapa en la que podrán desarrollarse nuevas diligencias y analizarse los indicios recabados durante los cateos.
Este periodo será relevante para esclarecer la posible relación entre los inmuebles intervenidos, los vehículos asegurados, la mercancía y los equipos localizados, así como para determinar la participación que presuntamente habría tenido cada imputado.
La vinculación a proceso no equivale a una sentencia condenatoria. Los nueve hombres deben ser considerados inocentes mientras no se declare su responsabilidad penal mediante una resolución judicial definitiva.
Con esta investigación, las autoridades federales buscan esclarecer una posible estructura relacionada con el robo al autotransporte de carga en rutas de San Luis Potosí, un caso cuyo alcance y responsabilidades individuales deberán establecerse conforme avance el procedimiento penal.
