Cuatro personas fueron vinculadas a proceso y una más fue detenida durante las investigaciones. El caso se intensificó tras un operativo en Almoloya, donde presuntos integrantes del grupo armado privaron de la vida a un agente de la Policía Federal Ministerial cuando intentaba impedir otro secuestro.
La Fiscalía General de la República (FGR) avanzó en la investigación contra una presunta organización dedicada al secuestro que operaba en el Estado de México, luego de llevar a proceso a cuatro personas y detener a una más, identificada como posible negociador del grupo criminal.
Las indagatorias también buscan esclarecer el homicidio de un agente de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscrita a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), ocurrido durante un operativo en el municipio de Almoloya, donde elementos ministeriales intentaban impedir que se concretara otro presunto secuestro planeado por la misma organización.
De acuerdo con la información oficial, la investigación está a cargo de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), que busca establecer la posible responsabilidad de cada una de las personas detenidas, determinar su grado de participación en la estructura delictiva e identificar a otros individuos que pudieran estar involucrados.
Un secuestro en Toluca abrió la investigación
El caso comenzó a tomar fuerza a mediados de año, luego de que una persona fuera privada de su libertad en Toluca, Estado de México. A partir de ese hecho, la FGR desplegó diversas técnicas de investigación de gabinete y campo para reconstruir lo ocurrido e identificar posibles responsables.
Las diligencias incluyeron el seguimiento de vehículos, la ubicación de domicilios relacionados con la investigación y la identificación de personas que presuntamente participaban en las actividades del grupo.
Conforme avanzaron las indagatorias, las autoridades detectaron indicios de que la organización no solamente estaría relacionada con el secuestro ocurrido en Toluca, sino que también tendría otros posibles plagios en preparación, algunos de ellos presuntamente planeados para ejecutarse de manera simultánea.
Ante la posibilidad de que se cometieran nuevos delitos, elementos de la Policía Federal Ministerial intervinieron para impedir que uno de esos secuestros se llevara a cabo.
Ataque armado durante operativo en Almoloya
El 12 de octubre, durante un operativo desarrollado en el municipio de Almoloya, Estado de México, agentes de la PFM intentaron frustrar otro posible secuestro atribuido al grupo investigado.
Sin embargo, de acuerdo con el reporte de la FGR, presuntos integrantes de la organización abrieron fuego contra los elementos ministeriales y privaron de la vida a uno de los agentes que participaba en el despliegue.
El secuestro que se pretendía evitar no llegó a consumarse, pero el operativo derivó en una investigación por el homicidio del servidor público, además de las indagatorias relacionadas con la presunta red de secuestradores.
La FEMDO mantiene abierta la investigación para establecer las circunstancias precisas del ataque, la participación individual de los sospechosos y los posibles vínculos entre el homicidio y las actividades delictivas que se atribuyen al grupo.
Cuatro personas vinculadas a proceso
Tras el enfrentamiento, fue detenida Norma “N”, quien presuntamente se encontraba en posesión de un arma de fuego y cartuchos. La mujer presentaba heridas, por lo que fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.
Posteriormente, un juez de control determinó vincularla a proceso por los hechos que se le atribuyen.
Como parte de las diligencias posteriores, elementos de la Policía Federal Ministerial pusieron a disposición de la FGR a Daniel “N”, Carlos “N” y Arlet “N”, quienes fueron detenidos con armas de fuego y también quedaron vinculados a proceso.
La información oficial no precisa en el comunicado los delitos específicos por los que cada una de estas cuatro personas fue procesada, las medidas cautelares impuestas ni el plazo establecido para el cierre de la investigación complementaria.
Cateo permite detener a presunto negociador
El análisis de la información asegurada durante las investigaciones permitió a la FEMDO identificar a Rogelio “N” como posible negociador de la organización.
A partir de ese señalamiento, las autoridades realizaron labores de vigilancia en un domicilio identificado como parte de las indagatorias. Durante esas actividades, según la FGR, observaron diversos indicios, entre ellos la presencia de un grupo de personas que portaban armas largas en el inmueble.
Con esos elementos, un juez autorizó una orden de cateo que fue ejecutada el 22 de octubre. Durante la intervención, las autoridades detuvieron a Rogelio “N”, señalado como posible responsable de las negociaciones relacionadas con las actividades del grupo.
A diferencia de los otros cuatro detenidos, quienes ya fueron vinculados a proceso, Rogelio “N” permanece a la espera de su audiencia inicial, de acuerdo con la información difundida por la Fiscalía.
Su situación jurídica deberá definirse ante la autoridad judicial, que determinará si existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal en su contra.
Investigación sigue abierta; buscan evitar impunidad
La FGR informó que las investigaciones continúan con el propósito de esclarecer tanto los presuntos secuestros como el homicidio del agente ministerial ocurrido durante el operativo en Almoloya.
Entre las líneas de trabajo se encuentran determinar la posible participación de cada una de las personas detenidas, establecer la estructura y el funcionamiento de la organización, precisar el papel que habría desempeñado cada sospechoso y localizar a otros posibles integrantes.
El objetivo, de acuerdo con la institución, es que ambos hechos —la privación ilegal de la libertad investigada en Toluca y el homicidio del agente de la PFM— no queden impunes.
La Fiscalía no ha informado hasta el momento cuántas personas más podrían estar relacionadas con la presunta organización ni si existen otras órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar.
Finalmente, la FGR recordó que las personas mencionadas en el comunicado deben ser consideradas inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.
