El pasado viernes, me encontraba tomando un café con un respetable amigo y analista político, cuando de pronto me dijo –luego de recibir un mensaje- “¡Acaban de cesar a Santiago Nieto!”. La nota daba cuenta: “Santiago Nieto fue cesado este viernes como titular de la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales –Fepade-. La Procuraduría General de la República –PGR- informó que el servidor público transgredió lo dispuesto en el Código de Conducta de la dependencia. Fue el Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, Alberto Elías Beltrán, quien en suplencia del Procurador General de la República, tomó la decisión de remover de su cargo al titular de la Fepade”. El comunicado –de la PGR- argumentaba “De esta manera, la Procuraduría General de la República reitera su compromiso de vigilar que las actuaciones de los servidores públicos sean apegadas a la legalidad y ética institucional, así como a las disposiciones de la investigación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, protegiendo en todo momento los derechos humanos de la sociedad en su conjunto”.
La decisión, según los argumentos esgrimidos, se adoptó como consecuencia de una entrevista concedida por el entonces titular de la Fepade en la que denunciaba “presiones” de Emilio Lozoya en torno al caso Odebrecht; y en particular respecto a la indagatoria, sobre, si Lozoya recibió diez millones de dólares de tal empresa, para después desviarlos a la campaña presidencial del PRI en aquel momento en curso. Con lo que a juicio del Procurador Interino se violó el Debido Proceso.
En tal entrevista, Santiago Nieto argumentó “Me envió una carta –Lozoya- diciendo que quiere que yo haga un pronunciamiento público sobre su inocencia y me envía un currículum diciéndome quién es su papá, quién es su mamá, en dónde estudió. Nunca entendí esa parte. Creo que esa carta refleja en gran medida la impunidad, es decir, el planteamiento de que ‘soy una figura pública, la autoridad se tiene que disculpar’. Esto es lo que parecía particularmente grave”. Luego, Nieto aseguró que en efecto la Fiscalía a su cargo tenía indicios que arrojaban un posible financiamiento de Odebrecht a campañas del PRI, dijo que se preparaba una acción penal contra quienes resulten responsables; y reveló que “hay cuentas ligadas a Lozoya y Odebrecht en países como Islas Caimán, Suiza y Brasil”.
Vale la pena comentar que dos días antes de la entrevista que publicó el periódico Reforma, al presentar su renuncia ante el Senado, el entonces Procurador Raúl Cervantes aseguró que la investigación del caso Odebrecht estaba concluida y que sólo faltaba que en los siguientes días se hicieran las imputaciones correspondientes. Declaración –de Cervantes- que resulta confusa y contradictoria en contraste con lo declarado por Santiago Nieto y porque un caso no concluye hasta que exista una sentencia.
Como era de esperarse, el tema cobró relevancia y generó un intenso debate que de inmediato se politizo; Emilio Lozoya Austin asegura que jamás pidió al titular de la Fepade que lo liberara de responsabilidades y le ofreciera una disculpa pública; reconoció que en esa carta le dice “quien soy, dónde vivo, quienes son mis padres, quienes son mis hijos y dónde se me puede localizar” y vía las redes sociales manifestó “ante la desinformación de quienes mienten, difundo documento procesal que se debía guardar bajo sigilo judicial”.
Ya en la cresta de las olas redituables; Andrés Manuel, desde Guanajuato, lanzó la consigna “que se reinstale al fiscal, que no se acepte la destitución” y agregó “creo yo que no debieron destituirlo de la manera que lo hicieron, no se justifica que por dar a conocer una información se le destituya, porque por encima de ese llamado Código de Ética de la Procuraduría, está la libertad, el actuar con honestidad, la transparencia, el derecho a la libre manifestación de las ideas”.
En la misma línea conceptual, Miguel Barbosa planteó que Santiago Nieto “pudo haber cometido alguna falta, pero es una falta que no se debe sancionar con la destitución, porque la destitución es una muestra de que el gobierno desea tener el control”. Cabe mencionar ante esta dispensa de pecados concedida por Barbosa; que según se reveló después de que Santiago Nieto había sido electo por el Senado; que el ya para entonces titular de la Fepade “trabajó por más de un año como asesor del Grupo Parlamentario del PRD –en ese tiempo pastoreado por Barbosa- en el Senado, información que omitió en su currículum, que por ley debió entregar”; por dieciocho meses percibió un sueldo de un millón ochenta mil pesos, incluso otras investigaciones argumentaron que le siguieron pagando ya siendo fiscal.
Así, ya en el desaseo total, ayer el Procurador encargado tuvo que salir a la defensiva a declarar, que la orden de la destitución “no le llegó de Los Pinos” que fue de él la decisión de destituirlo, no solo por violaciones al Código de Ética sino “por otras revelaciones que van en contra del debido proceso y la presunción de inocencia”.
Consultado sobre este nuevo “affaire” político, un jurista especialista en temas electorales me dio su opinión “en este caso, tanto el Procurador encargado como Santiago Nieto cometieron graves errores; la destitución no debió darse hasta antes no cumplir con una indagatoria seria y apegada a las normas del Código de Ética invocado, incluyendo el Derecho de Audiencia para Nieto. Quien –Santiago Nieto- por lo que se advierte y desprende de lo ventilado públicamente actuó con una gran frivolidad e irresponsabilidad al revelar detalles de una investigación en curso, contaminándola políticamente; y provocando de manera innecesaria una confrontación más en el Senado, o como dicen a río revuelto ganancia de pescadores, ahora, si consiguen mayoría los adversarios del gobierno federal y del PRI van a restituir a Nieto con el consiguiente daño al proceso electoral y a la institución y si ello sucede, lo ético, aquí sí, será, que Santiago Nieto una vez empoderado nuevamente renuncie”.
Ante este escenario hay momentos en los que verbalizar la realidad es un imperativo para dejar constancia de los datos duros y circunstancias; al día de hoy en nuestro país, después de años turbulentos, trágicos y funestos que han puesto a prueba los cimientos de las instituciones, no contamos con Procurador de la República, Fiscal General, Fiscal Anticorrupción ni Fiscal Electoral.
¿Qué mensaje manda esta realidad sobre nuestra democracia? ¿Qué certidumbre podemos tener de cara al proceso electoral ya en curso? ¿A quiénes beneficia el desmantelamiento de las instituciones? Hay que decirlo, México está en un limbo institucional que erosiona los canales de la convivencia democrática y nos coloca en la antesala del autoritarismo. Sólo falta ponerle color.
¿Alguien puede asegurar que esto ya está decidido?
RAÚL CASTELLANOS HERNÁNDEZ / @rcastellanosh
