Para garantizar la vida, seguridad e igualdad de las mujeres en la sociedad, es necesario que el Estado por todos los medios a su alcance prevenga y sancione cualquier tipo de violencia contra las mujeres.
Ante el incremento de la discriminación y violencia contra las mujeres, se ha desencadenado una ola de feminicidios en gran parte de nuestro país, particularmente en nuestro Estado, conductas violentas que sólo demuestran la vulnerabilidad de las mujeres en una sociedad machista, actos que evidencian la fragilidad y ruptura del tejido social, que se incrementan por la nula cultura de prevención y la escases de programas y políticas preventivas que reduzcan la presencia de conductas delictuosas.
Pareciera que ser mujer es una desventaja, esto es así, pues muchos casos de violencia no son atendidos a tiempo, ya que cuando las féminas acuden a presentar su denuncia o querella ante el Ministerio Público, se encuentran con la dilatada y en ocasiones ineficaz respuesta del Órgano investigador para apoyarlas, motivo por el que en muchas de las ocasiones las mujeres son violentadas incluso por la Institución que debiera apoyarlas como lo es, la Fiscalía General del Estado; por lo que tan condenable es una conducta feminicida, como lo es la omisión de las autoridades obligadas a salvaguardar el derecho máximo que tiene toda persona y que es el derecho a la vida.
El reclamo de la sociedad es, que se haga justicia a favor de las mujeres y más aún de las familias enlutadas por una mente perversa que se atrevió a ejecutar tan ruin conducta como lo es el feminicidio, debemos exigirle a las Instituciones que hagan su trabajo, particularmente al Poder Judicial del Estado para que cumpla con su obligación de impartir justicia de forma pronta y expedita, debido a que en un alto porcentaje de los expedientes judicializados por feminicidio no existe sentencia condenatoria que sirva de consuelo para los familiares que perdieron a una hija, una hermana o una madre a consecuencia de un hecho tan condenable como el feminicidio.
Resulta necesario y prioritario que el Estado a través de los diferentes órdenes de gobierno, implemente verdaderas estrategias de prevención de conductas que atenten contra cualquier derecho de las mujeres y que por mínima que sea la agresión debe ser sancionada, ya que la aceptación y no sanción de conductas antisociales generan la repetición de actos de violencia en contra de ellas.
El Estado con su facultad coercitiva debe actuar con determinación y firmeza contra quienes ejercen violencia de género como una práctica cotidiana, pues pareciera que la aceptación de agresiones en contra de las mujeres es algo “natural” o “normal”, debiendo ser todo lo contrario, ya que como sociedad, o bien, desempeñando un cargo como servidor público tenemos la obligación de señalar y condenar conductas irracionales como lo es privar de la vida a una mujer por el simple hecho de ser mujer.
Estado y sociedad debemos trabajar para transformar los factores estructurales que alimentan y reproducen conductas tan atroces, reduciendo el margen de desigualdad entre la mujer y el hombre, educar desde los hogares para eliminar la cultura patriarcal, machista y misógina, y como consecuencia implementar una estrategia de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres por razones de género.
Si bien es cierto que el feminicidio es la expresión extrema de la violencia contra las mujeres, también lo es que, no es la única forma como se manifiesta, ya que existen otras como las sucedidas o simuladas “accidentalmente” en casa o por suicidio, y en cuyo supuesto, la autoridad encargada de investigar debiera preguntarse ¿por qué lo hizo? ¿cómo fue que ocurrió? ya que de existir antecedente de violencia en contra de la víctima, es más presumible que detrás de tal decisión pudiera haber violencia y/o dominación machista.
En los casos de suicidio los hechos son dramáticos y traumáticos para los familiares, pues una decisión de esta naturaleza tiene un alto impacto en las familias de las víctimas y en la misma sociedad, sin embargo, tratándose de suicidios de mujeres, la equivocada idea de que se suicidan es porque son más sentimentales, pasionales y depresivas, resultando un argumento mediocre para no investigar la causa que obligó a una mujer a quitarse la vida, por lo que la mayoría prejuzgamos un hecho que pudo ser presidido por violencia de género y descalificamos que pueda tratarse de un delito, como si las características estereotipadas de las mujeres fueran parte de su naturaleza humana; lo que condena a que estos casos no sean investigados técnicamente como posibles feminicidios.
En el año 2010 la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronunció del caso de Mariana Lima Buendia, una mujer del Estado de México, que tras su muerte violenta, la autoridad investigadora determinó que se trataba de un suicidio, tomando en consideración únicamente la declaración del marido de la víctima, sin considerar los antecedentes de violencia que éste ejerció en su momento sobre ella, ni los señalamientos de los familiares de que él pudo haberla asesinado, logrando con esto favorecerse el victimario para aparentar un suicidio, al no investigarse las verdaderas causas que originaron la muerte de la víctima.
La Primera Sala del máximo Tribunal decidió por unanimidad otorgar a los familiares un amparo para reabrir el caso y determinar las causas por las que perdió la vida violentamente, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que, siguiendo los estándares internacionales, nacionales e incluso locales, y con base en los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación, cuando se investigue una muerte violenta de una mujer, los Órganos del Estado deben realizar su investigación con perspectiva de género, para determinar si hubo o no razones de género en la causa del hecho.
Con el criterio establecido por la Suprema Corte, las autoridades tiene la obligación de que a través de la investigación se pueda confirmar o descartar si se trató o no de un feminicidio y no al contrario: descartar para no investigar; es por esto que todos los homicidios violentos de mujeres deben procesarse bajo las reglas de feminicidio y llevar a cabo la investigación, con especial diligencia que permita procesar y determinar la sanción determinada por la Ley para el responsable.
