Diana Mendez
A cinco meses de la emboscada ocurrida el 23 de marzo en el paraje “El Limar”, comunidad de San Sebastián Coatlán, donde fueron asesinados cinco comuneros, familiares de las víctimas se manifestaron este miércoles para exigir justicia y atención integral por parte de las autoridades estatales y federales.
De acuerdo con los testimonios, aquel día comuneros de San Sebastián Coatlán acudieron al lugar convocados a un diálogo con la comunidad vecina de San Francisco Coatlán, en el marco de un conflicto agrario relacionado con la construcción del entronque carretero de la autopista Barranca Larga–Ventanilla. Sin embargo, al llegar al sitio fueron recibidos con disparos, lo que los familiares calificaron como una “cruel y cobarde emboscada”.
Las víctimas fueron identificadas como Eutiquo Loaeza Jiménez, Adrián Jiménez, Javier Víctor Jiménez Pérez, Vidal Ruiz e Israel Pérez Hernández, quienes, aseguraron sus familiares, eran defensores de la tierra y acudieron al diálogo de manera pacífica.
Los familiares denunciaron que, a pesar del tiempo transcurrido, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca no ha dado avances significativos en la investigación de los hechos. Acusaron opacidad y dilación en la integración de la carpeta, así como falta de información clara hacia las víctimas indirectas. Asimismo, señalaron que el Poder Judicial tampoco ha dado respuesta a sus escritos en la causa penal en trámite.
“Los responsables materiales e intelectuales gozan de impunidad, mientras que algunos de los autores materiales permanecen prófugos”, reclamaron los familiares, quienes acusaron que la atención recibida hasta ahora ha provenido de funcionarios sin capacidad de decisión, limitados a ofrecer programas de apoyo, pero sin garantizar acceso a la justicia ni reparación del daño.
En conferencia de prensa, acompañados por Consorcio Oaxaca y la Corriente del Pueblo Sol Rojo, los familiares hicieron un llamado directo al gobernador Salomón Jara Cruz, al fiscal general Bernardo Rodríguez Alamilla y a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Berenice Ramírez Jiménez, para que instalen una mesa de diálogo de alto nivel con las víctimas indirectas y se garantice un proceso de justicia y reparación desde una perspectiva integral de derechos humanos.
“Nuestros familiares no son una estadística: eran padres, hermanos, esposos e hijos. Nos dejaron viudas, huérfanos y familias enteras con dolor profundo. No aceptamos más revictimización”, expresaron.
Finalmente, anunciaron que iniciarán una lucha pública por sus demandas y que continuarán alzando la voz en todos los espacios posibles hasta que se haga justicia. Asimismo, convocaron al pueblo de Oaxaca y a otras familias que viven situaciones de impunidad a sumarse en la defensa de los derechos del pueblo.
