El anuncio lo hizo el abogado que los representa, Remberto Valdés, quien precisó que la querella se presentará contra los dueños de la veta y los responsables del estatal Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).
Valdés explicó a los periodistas que los dueños de la minera San Esteban, propietaria de la mina San José, en la que ocurrió el derrumbe, serán acusados de lesiones y los funcionarios estatales, de prevaricación.
Esto último imputa a los funcionarios del organismo estatal de “haber dictado, en 2008, una resolución injusta que ha significado la reapertura de la mina San José”, que había sido clausurada el año anterior, dijo Valdés.
Agregó que los funcionarios de la empresa, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, podrían responder con sus bienes personales ante la eventual quiebra de la empresa, mientras que el presunto pago de coimas, para ordenar su apertura sin que el yacimiento cumpliera todos los requisitos de seguridad, será investigado.
“Nuestra labor será explorar la situación y Chile se merece que ésta sea aclarada”, dijo Valdés.
En tanto, el ex jefe del departamento de propiedad Minera del Sernageomin Patricio Leiva aceptó hoy como “una posibilidad” haber sido utilizado como “chivo expiatorio” para suscribir el documento que reabrió el yacimiento San José en 2008.
Leiva, cuya firma figura en el oficio de reapertura de la mina, puntualizó que en los hechos (el yacimiento) ya estaba funcionando desde hacía meses, y cuando debió subrogar a Exequiel Yanes, el entonces subdirector de Minería del organismo, tuvo que firmar el oficio y no una resolución.
Leiva declaró ante una comisión investigadora de la Cámara de Diputados: “(Todo esto) da para pensar”, porque “en mi fuero interno pienso que yo no he firmado nunca este documento, porque este documento se salía de toda norma”.
El pasado 23 de agosto el presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció sanciones para “todos los que tengan responsabilidades” en el accidente de la mina, ocurrido el pasado día 5 de agosto.
“Vamos a sancionar a todos los que tengan responsabilidades en este accidente, tanto civiles como penales”, dijo el mandatario durante un acto en el Palacio de la Moneda, donde anunció la creación de la Comisión para la Seguridad en el Trabajo, que elaborará recomendaciones para mejorar las condiciones de los obreros chilenos.
A mediados de la semana pasada, el secretario del sindicato de la compañía Minera San Esteban, Javier Castillo, dijo a Efe que en 2003 los trabajadores habían presentado un recurso de protección en los tribunales para detener los trabajos en la mina San José, “aunque éste nunca prosperó”.
Recordó que tres trabajadores fallecieron en los últimos años: Pedro González, en 2003; Fernando Contreras, en 2005, en la vecina mina San Antonio, también de la empresa San Esteban y que ya se hundió, y Manuel Villagrán, en 2010, de nuevo en la San José.
También informó que hace un mes el trabajador Gino Cortés sufrió la amputación de una pierna en otro accidente en esa mina.
Las familias de varios de los obreros atrapados en una mina del norte de Chile anunciaron hoy la presentación, este jueves, de la primera querella tras el derrumbe que desde el pasado 5 de agosto mantiene a 33 trabajadores encerrados a casi 700 metros de profundidad.
