Diana Mendez
El Comité de Víctimas y Familiares Ikoots de la Masacre de San Mateo del Mar denunció que el Gobierno del Estado de Oaxaca ha favorecido una ruta de impunidad respecto a los hechos violentos ocurridos el 21 de junio de 2020 en la agencia de Huazantlán del Río, donde fueron asesinadas 15 personas —13 hombres y 2 mujeres— pertenecientes al pueblo indígena Ikoots.
A través de un comunicado público, el Comité cuestionó la reciente visita del gobernador Salomón Jara Cruz a la comunidad, el pasado 10 de abril, calificándola como una acción que “con su presencia y su silencio” permite avanzar a los responsables “hacia la impunidad”. Señalaron también que, durante esta visita, un grupo denominado “Comisión de Concordia” organizó una actividad que, según los denunciantes, no tiene fines de reconciliación, sino de encubrimiento.
Los familiares acusaron al presidente municipal, Raúl Rangel González, de respaldar a dicha comisión, y de tratar de presentar a los responsables de la masacre como “presos políticos”. “No son presos políticos, son crueles y vulgares asesinos del pueblo Ikoots”, afirmaron.
El Comité también señaló a la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos (CADH), dirigida por Flor Estela Morales, por haber sostenido reuniones con actores que promueven la liberación de los sentenciados, a quienes identifican como responsables directos de los asesinatos.
Asimismo, expresaron su indignación ante la próxima reunión, este 22 de abril, entre la llamada Comisión de Concordia y autoridades del Gobierno estatal en el Palacio de Gobierno. “¿Cuánto vale para el Estado la vida de 15 personas Ikoots?”, cuestionaron en el documento.
Finalmente, reiteraron su compromiso de seguir exigiendo justicia por la vía política y comunitaria: “Nuestra dignidad no se compra, nuestra historia no se borra y nuestros muertos no se olvidan”, concluyeron.
