A la Secretaría de la Función Pública (SFP) se le derrumbó el caso en contra de funcionarios de PMI Comercio Internacional.
La dependencia acusó a la filial comercial de Pemex de formar una red de corrupción que daño al erario por 26 millones de dólares.
El 11 de octubre de 2011, el entonces titular de la SFP, Salvador Vega, anunció que la directora general de PMI Comercio Internacional, Rocío Cárdenas Zubieta, y tres directivos más habían sido destituidos, multados con diferentes montos e inhabilitados 10 años para ejercer cargos públicos.
La acusación fue que esa red otorgó descuentos excesivos e injustificados por venta de gasolina “cóquer” a las empresas Trafigura y Gunvor, dos de las firmas de comercio de hidrocarburos más grandes del mundo.
A Cárdenas Zubieta se le impuso una multa de 283 millones 942 mil pesos.
Los otros empleados destituidos, inhabilitados y multados son César Elías Covarrubias Prieto, encargado de despacho de la Dirección Comercial de Refinados; y Alberto Olimón Salgado y Alejandro Tello Winniczuk, subdirector comercial y gerente comercial de Gasolinas y Componentes, respectivamente.
Los tribunales federales que revisaron los casos concluyeron que la SFP no tenía facultades para imponer las sanciones porque PMI es una empresa privada constituida bajo las leyes de Irlanda, y los funcionarios no actuaron con el carácter de servidores públicos al ejecutar las transacciones comerciales.
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