Organizaciones y comunidades del Valle de Ocotlán y Sierra Norte exigieron al gobierno del estado la suspensión de concesiones de las minas en territorio oaxaqueño, cuyas instalaciones no fueron consensuadas con ninguna comunidad y dejan más perjuicios que beneficios para sus habitantes.
Neftalí Reyes Méndez, representante del Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios aseguró que el 8 por ciento del territorio oaxaqueño se encuentra concesionado en la actualidad, a lo largo de las ocho regiones, lo cual equivale a un aproximado de 250 a 300 concesiones, otorgadas a 19 empresas en su mayoría canadienses, por un periodo de 50 años.
Reyes Méndez manifestó que para el otorgamiento de dichas concesiones, ninguna comunidad del estado fue consultada, y mucho menos se ha llevado a cabo procedimientos mínimos de consulta en la ciudadanía, sobre proyectos que lejos de beneficiar a la población, solo enriquecen a las autoridades de los diferentes niveles.
“Sólo en la región de Ocotlán y Ejutla se encuentran cuatro proyectos mineros, con las características mineras descritas anteriormente, razón por la que el día de hoy nos unimos a San José del Progreso y nos declaramos en contra de todo proyecto que dañe los recursos naturales de la entidad” dijo el activista.
En relación a los hechos suscitados el pasado 18 enero en San José del Progreso, Isabel Canseco Cruz, representante de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO) indicó que en la actualidad la comunidad carece de ley y de justicia o poder que pueda contra la empresa minera Cuzcatlán, ya que los agravios cometidos a la población son amparados por las autoridades municipales y estatales.
Canseco Cruz indicó que el gobierno estatal pretende desligar la grave problemática suscitada a raíz de la entrada de la empresa minera y llevarlo al ámbito interno de lucha por el poder municipal, cuando lo anterior no es así, puesto que la CPUVO ha manejado desde el 2008 su planteamiento de cancelación definitiva del proyecto minero “San José”.
Detalló que el gobernador del estado nunca les ha otorgado una audiencia pública, por el contrario se ha mantenido al margen y en silencio, incluso a pesar de haber denunciado con anterioridad la existencia de pistoleros en la población.
“Queremos alertar que a nivel estatal se quieren seguir implementando proyectos mineros con el respaldo del gobierno federal, estatal y en algunos casos de los municipales, por encima de la decisión de las y los ejidatarios, comuneros y ciudadanos en general” dijo Canseco Cruz.
Así mismo y en representación de las organizaciones adherentes exigió al Congreso del estado y al Ejecutivo Estatal la revocación del mandato de las autoridades de San José del Progreso, justicia para la comunidad, castigo a los responsables de los actos violentos y reparación de daño de las víctimas, así como una audiencia pública para manifestar sus preocupaciones en torno a los proyectos mineros.
Mientras que Bernardo Vásquez Sánchez, indicó que están a la espera de una audiencia con el gobernador del estado, sin embargo de no darse en la brevedad se iniciarán acciones de presión para manifestar el repudio a los trabajos de las mineras.
A su vez, Javier García Juárez, Comisariado de Bienes Comunales de Calpulampan de Méndez, se manifestó a favor de la movilización que la CPUVO en contra de la empresa minera canadiense Fortuna Silver y su filial en México Cuzcatlán, a la par que condenó los actos violentos desatados por las autoridades municipales de San José del Progreso y que dejó como saldo un muerto y una herida con arma de fuego.
Agencia JM
