Debido al recrudecimiento de la violencia relacionada con el narcotráfico, el uso de coches bomba —y al virtual estado de sitio que viven sus oficinas al interior de la República—, la Procuraduría General de la República elevará la protección de sus delegaciones estatales ubicadas en algunos de los estados más conflictivos.
La PGR detectó que las delegaciones estatales que atienden entidades inmersas en la violencia relacionada con el narcotráfico, como Coahuila, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Zacatecas, requieren de protección adicional para disuadir al crimen organizado de aprovechar sus debilidades y llevar a cabo más atentados contra su personal.
Lo anterior se desprende de una petición enviada por la Dirección General de Servicios Materiales de la procuraduría a la Secretaría de Hacienda, en la que se solicita autorización para ejercer casi 75 millones de pesos de recursos extraordinarios en la fortificación de media docena de delegaciones, algunas de las cuales, como Coahuila, ya han sido blanco de atentados. El documento fue obtenido por MILENIO Diario.
“El componente principal se refiere al reforzamiento de las medidas de seguridad y protección de los inmuebles de las delegaciones estatales propiedad de la PGR, mediante la construcción de bardas perimetrales, que permitan garantizar la seguridad personal y de las instalaciones que actualmente carecen de ellas”, expuso la dependencia en un oficio fechado el 18 de agosto pasado.
En su edición de ayer, MILENIO Diario dio a conocer que la PGR fortalecerá sus medidas de vigilancia en 12 edificios estratégicos de la Ciudad de México que considera potencialmente vulnerables a atentados con coches bomba o explosivos.
Entre los edificios que contarán con un sistema de monitoreo valuado en casi 50 millones de pesos —interconectado a un comando central desde el que se podrán enviar unidades especiales para desactivar amenazas—se encuentran la sede de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales, la Delegación Metropolitana de la procuraduría, la subprocuraduría de Derechos Humanos, el Grupo Especial de Agentes del Ministerio Público contra el Narcomenudeo, y la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.
Pero a escala estatal la procuraduría también ha detectado serias debilidades, por lo que encomendó un análisis a su Dirección General de Servicios Materiales sobre qué pasos tomar para reducir los riesgos. La solución: construir bardas perimetrales que ya no permitan ver, desde el exterior, hacia las instalaciones de la PGR, con lo que también se daría más confianza a la ciudadanía para que acuda a denunciar un delito sin temor a ser identificada.
“Esta alternativa tiene como fin fortalecer las medidas de seguridad y brindar la protección adecuada a los inmuebles de la institución, así como de los servidores públicos que laboran dentro de las instalaciones y al personal externo que acude a los mismos por cualquier diligencia y que están expuestos a cualquier tipo de agresión o atentado debido al incremento de la delincuencia organizada”, se añade en el proyecto.
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A lo largo del sexenio, las instalaciones de la PGR en el interior de la República han vivido prácticamente bajo estado de sitio, sometidas a constantes ataques por parte de la delincuencia organizada tanto al sur como al centro y norte del país.
Ataques con ametralladoras, granadas, tiroteos y paquetes explosivos forman parte del complejo panorama al que se enfrenta hoy la PGR, muchas de cuyas instalaciones —a diferencia de los nuevos centros de mando de la Policía Federal— fueron construidas en décadas anteriores, con exigencias de seguridad muy diferentes por las que actualmente atraviesa el país.
Los más recientes incidentes incluyen ataques contra instalaciones de la PGR en Torreón, el 2 de julio pasado, cuando se lanzó una granada de fragmentación contra su entrada. Un guardia privado resultó herido. Lo mismo sucedió dos semanas antes, en el municipio nuevoleonense de Escobedo.
Esos son sólo dos de los ataques ocurridos este 2011. Pero prácticamente no ha pasado un año desde 2007 en que una oficina de la PGR no sea blanco. En agosto del año pasado, en Matamoros, se incendiaron vehículos a la entrada de su delegación en la zona y se lanzó una granada que no generó grandes daños.
En abril de 2010, en Morelos, ocurrieron otros dos ataques, con saldo de dos guardias de seguridad fallecidos, durante una balacera desatada cuando sicarios armados con ametralladoras rafaguearon dos edificios de la procuraduría.
También en abril de ese año se atacó la sub-delegación de la PGR en Ciudad Cuauhtémoc, Chiapas. Dos granadas fueron lanzadas a su interior y encapuchados rociaron de balas su fachada. Un técnico murió a consecuencia del ataque.
En noviembre de 2009, las instalaciones de la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo (UMAN) en Celaya fueron también agredidas. Pero la lista se extiende por, al menos, cinco incidentes más en estados como Quintana Roo, Durango, Chihuahua y Michoacán.
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Dentro del reforzamiento adicional ordenado ahora por la PGR, se contempla también la construcción de nuevos muros perimetrales en las delegaciones en Querétaro y Guanajuato. El proyecto es muy similar al emprendido en 2009 en Ciudad Juárez, cuando se erigió una muralla entre la delegación y la vía pública.
Previsto para concluir en noviembre de 2014, el nuevo programa de construcción de protecciones hará uso de “muros prefabricados” que si bien no serán a prueba de balas, sí dificultarán el ataque a quienes se encuentren en el interior de las instalaciones.
“El Programa de Bardas Perimetrales, permitirá reforzar las medidas de seguridad y evitar el riego con el que operan actualmente los funcionarios y visitantes que acuden o trabajan en los inmuebles, lo que de manera irremediable pararía las actividades desarrolladas”, insistió la PGR.
Milenio
