Exhorta Cruz Mendoza al Gobernador del estado para saldar adeudos pendientes con los beneficiarios del programa Bienestar.
Actualmente en México casi seis millones de personas tienen alguna discapacidad, ya sea de tipo físico, mental, intelectual, sensorial o de interacción con distintos ambientes del entorno social. Por lo anterior la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, expresó que en este contexto, Oaxaca ocupa el octavo lugar nacional por incidencia de discapacidad, lo que equivale a casi 200 mil personas distribuidas en cada región de nuestra geografía estatal.
La Legisladora mencionó que frente a este panorama y con el objetivo de ayudar al mejoramiento del acceso a la canasta básica, en la pasada administración estatal fue creado el programa “Bienestar” para atender a grupos sociales en situación de vulnerabilidad, entre sus vertientes, el Programa de Apoyo a Personas con Discapacidad.
Por lo anterior, Cruz Mendoza presentó una proposición con punto de acuerdo exhortando al Gobernador del estado de Oaxaca, al Secretario de Desarrollo Social y Humano de Oaxaca, a la Presidenta y a la Directora del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), para que a la brevedad procedan a realizar los pagos adeudados a las personas beneficiarias en todo el estado de Oaxaca con el programa: Bienestar de Apoyo a Personas con Discapacidad (PBAPCD).
De acuerdo con la información proporcionada por los propios beneficiarios, desde el 2016 los recursos correspondientes a este programa se encuentran sin ejercer, afectando a casi tres mil personas de las distintas regiones del estado. Por lo que se calcula que la deuda asciende a los 21.6 millos de pesos.
La Legisladora afirmó que el tema de discapacidad es un asunto de humanismo y que deben unirse para trabajar a favor de uno de los grupos sociales más vulnerables de Oaxaca.
Por último, como presidenta de la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales, la legisladora presentó un dictamen por el que se reforma el Artículo 113 de nuestra Carta Magna, para procurar la creación de Regidurías de Derechos Humanos en todos los Ayuntamientos del Estado.
