Los bares y cantinas de Chiapas explotan laboral y sexualmente a las mujeres migrantes, acusan organizaciones civiles en la Entidad.
En estos negocios- que han incrementado su presencia en el Estado- las indocumentadas, principalmente centroamericanas, son víctimas de abuso por parte de los propietarios, según ha documentado el Centro de Dignificación Humana AC.
Luis García Villagrán, coordinador del organismo, asegura que en estos sitios se obtienen ganancias millonarias a costa de las mujeres mediante el llamado ficheo.
La semana pasada, la ONU Mujeres y organizaciones de la sociedad civil presentaron un informe sobre la condición laboral de las trabajadoras migrantes centroamericanas en el que se exhibe que en Chiapas sufren explotación, violación a derechos humanos y otros abusos.
Según el informe “Las trabajadoras migrantes centroamericanas en Chiapas. Recomendaciones de política pública para garantizar el ejercicio de sus derechos”, diariamente se registra en la frontera sur el cruce de 223 mujeres.
En el estudio observaron que las mujeres migrantes laboran de manera irregular y en sectores de la economía informal, con salarios bajos.
Las mujeres migrantes, agrega, se encuentran en trabajos donde pueden enfrentar mayor discriminación y abusos, como el trabajo doméstico, recolección de productos agrícolas, comercio ambulante, trabajo sexual, entre otros.
García Villagrán explicó que en los bares y cantinas, donde son empleadas, las mujeres son obligadas a ingerir bebidas embriagantes con los clientes.
“Esa es una forma de esclavitud. La dignidad de las mujeres es pisoteada”, expresó el activista.
Denunció que a pesar de que el ficheo es tipificable como una forma de trata de acuerdo con la ley en la materia, en el Estado los bares y cantinas laboran en la impunidad.
Según cifras de la Procuraduría de Justicia de Chiapas, en los últimos cinco años han sido rescatadas 491 víctimas de trata y consignado a 292 personas acusadas de ese delito.
Sin embargo, para el activista, el combate a la trata en la Entidad es deficiente, pues aunque en algunos casos las autoridades detienen a los encargados que son empleados, los propietarios continúan libres.
Incluso, dijo, hay casos en los que víctimas de trata han sido acusadas del delito.
Así lo ha documentado el organismo que lleva la defensa de ocho casos de este tipo.
Su condición de indocumentadas, ha obligado a las mujeres a trabajar en estos sitios.
Tal es el caso de Aracely, una joven hondureña de 22 años que llegó a Tapachula hace cuatro años. Trabaja de mesera en el bar El Palomar, junto a otras 14 migrantes. Sus ingresos diarios van de 500 a más de mil pesos. Pero todo los días tiene que emborracharse.
Cuenta que los clientes las manosean y nunca falta el que la quiera llevar a la cama.
Estas circunstancias, según el activista, provocaron el año pasado la muerte de seis meseras a manos presuntamente de clientes que intentaron forzarlas a tener sexo.
Reforma.com
