En economía las expectativas son vitales, se sabe que determinan el comportamiento de los actores. En este sentido, el gobierno y los funcionarios, al actuar racionalmente, cotidianamente envían señales positivas, las cuales pueden o no resultar creíbles. Es un hecho que si las autoridades crean un escenario de certeza y trabajan para conseguirlo, el resto de agentes económicos normalmente actúa siguiendo la ruta que se traza (las expectativas son creíbles). El presidente, en sus primeros días de gobierno ha estado trabajando para crear expectativas positivas, que reviertan las protestas de sus detractores. Anunció un retiro paulatino de las fuerzas armadas, la vuelta a sus cuarteles, lo que indica un cambio en la estrategia de combate al crimen organizado. Al momento de escribir la columna envió una iniciativa de ley que modifica la política educativa y ha enviado un mensaje en contra de la corrupción en todos los niveles de gobierno.
Pero algo que llama particularmente la atención es la puesta en marcha del decreto de austeridad del gobierno federal, algo que no se esperaba de un gobierno proveniente del PRI. La decisión del nuevo presidente de reducir el gasto en burocracia para canalizarlo a la realización de programas sociales me parece acertada. La medida propuesta por el ejecutivo consiste en reducir en 5% los sueldos y salarios de funcionarios en niveles medios y superiores. Seguramente se podía recortar más, pero por el momento de tensión política que se vive en el inicio de sexenio, el recorte es suficiente, al menos por ahora, en unos años puede plantearse un recorte adicional.
Ahora bien, el decreto no sólo implica recortar salarios, también implica ajustar las estructuras orgánicas de las dependencias, eliminar la duplicidad de funciones en las unidades administrativas, eliminar las plazas de mandos medios y superiores cuya existencia no tenga justificación, establecer evaluaciones de desempeño para los servidores públicos; disminuir el gasto en contratación de personal eventual; y restringir la contratación de prestación de servicios profesionales de personas físicas por honorarios.
Las nuevas autoridades, en el discurso, han planteado como un objetivo la eficiencia en el gasto público, el equilibrio de las finanzas públicas y la transparencia, esperemos que sus acciones sean acordes con el discurso. Por cierto, aunque el gasto debe reducirse en lo general, en lo particular, hay salvedades. De acuerdo con la literatura científica y el sentido común, el gasto público en infraestructura económica y social no tiene que reducirse, al contrario debe incrementarse, es necesario aumentar el volumen de infraestructura, su calidad, así como el mantenimiento de la existente.
También es un requisito del desarrollo incluyente el aumento del gasto público en programas sociales cuya finalidad es mejorar el nivel vida de los grupos más vulnerables. Rubros como salud, educación, vivienda y combate a la pobreza deben mantenerse. En este sentido, sería bueno que las autoridades pusieran mucha atención a las recomendaciones que dan los investigadores y académicos. Recientemente, en una conferencia a la que asistí, un investigador del Centro de Investigación en Alimentos y Desarrollo de Hermosillo, Sonora, informó que el programa “oportunidades” está fallando al no detectar a lo más pobres y atenderlos, aunado a que a pesar de su operación las cifras de personas en pobreza se han incrementado en los últimos diez años.
Volviendo al tema de las expectativas, también se han anunciado apoyos al sector científico y tecnológico, lo mismo que a los emprendedores. En mi opinión, existe una visión clara de los problemas y una no tan clara acerca de los mecanismos de solución. Por el discurso que se maneja, entiendo que se conoce cuales son los problemas más urgentes, pero las estrategias son causa de diferencia. El gasto y el financiamiento del mismo no son los únicos ingredientes para el desarrollo, debe considerarse la creación de los incentivos apropiados y la reforma de las instituciones formales e informales (las primeras identificadas de forma gruesa como las leyes y las segundas como las tradiciones).
En el caso del gasto público, no es cierto que su incremento conduzca automáticamente al desarrollo. Haciendo a un lado el problema de su financiamiento, el gasto de gobierno implica quitarles el dinero a unos para dárselo a otros. Si el dinero se le quita a grupos pobres y de ingresos medios para dárselo a los de mayores ingresos, se dice es regresivo y no colabora en nada al desarrollo de la sociedad. En cambio si se le quita a los que más tienen para darles a los que menos tienen por medio de infraestructura y programas sociales, entonces el gasto es progresivo y siembre las semillas del bienestar.
Realizar gastos públicos productivos no es tarea sencilla, ya que los grupos de mayores ingresos (producto de una acumulación legal o ilegal), tienen el poder para generar la estructura de distribución de recursos que más les conviene, la cual no necesariamente es la más productiva. Pueden presionar (de hecho lo hacen constantemente) para realizar gastos innecesarios, pero que a esos grupos les resultan favorables. Un ejemplo de esto es el gasto publicitario, que en este sexenio se incrementará para la difusión de mensajes alentadores.
En este momento, las expectativas son positivas (aunque poco creíbles). Si las autoridades no realizan lo que dicen, lo que ocurrirá es que seguirán haciendo promesas, conforme a un patrón de comportamiento racional, y ya nadie las creerá, desconectando una vez más los esfuerzos de la sociedad civil con los de las autoridades y ello postergará nuestro desarrollo. La coyuntura actual es favorable para el nuevo gobierno, se dio una transición que en lo económico es estable, nada que ver con las crisis sexenales de los ochenta y noventa. Aunque es cierto que el primero de diciembre vimos a un grupo de personas en franca oposición al nuevo gobierno, son una minoría no representativa, que con el paso del tiempo terminará por diluirse, siempre y cuando las acciones emprendidas por el presidente y su equipo de trabajo tengan impactos en los bolsillos de aquellos grupos que por tanto tiempo han estado excluidos en los hechos de la política pública.
El dato para estar pendiente…
Entre 2006 y 2012, la deuda de las 32 entidades federativas y sus municipios creció poco más de 100% en términos reales, al sumar 406,765 millones de pesos. En el futuro, estaré hablando de este tema con mayor detenimiento, por lo pronto es un asunto para mantenerse alerta.
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* Profesor en economía de la UACJ, Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI)
