Diana Mendez
Habitantes de la comunidad de Zimatlán de Lázaro Cárdenas, en la región mixteca de Oaxaca, denunciaron la falta de atención médica en su localidad debido al cierre de la clínica IMSS Bienestar desde el pasado 18 de septiembre de 2024, tras una decisión comunitaria motivada por denuncias de maltrato y anomalías en el servicio médico.
En una asamblea general realizada el 18 de septiembre de 2024, la comunidad determinó el cierre simbólico de la clínica para exigir el cambio de personal médico y mejoras en el equipamiento. Un día después, el 19 de septiembre, se llevó a cabo una reunión entre autoridades del IMSS Bienestar, autoridades municipales y el presidente municipal de Putla de Guerrero en la Casa de Cultura de Putla, donde se acordó que habría un cambio en el personal médico y un fortalecimiento en la infraestructura de la clínica.
Sin embargo, han pasado más de cuatro meses desde aquel compromiso y la clínica sigue cerrada, dejando a los habitantes de Zimatlán de Lázaro Cárdenas sin acceso a servicios médicos básicos.
La comunidad cuenta con la medida cautelar MC-102-10, otorgada desde 2010 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que garantiza el acceso al derecho a la salud de todos los habitantes de Zimatlán. El cierre prolongado de la clínica y la falta de acción por parte de las autoridades estatales y federales representan una violación grave de este derecho esencial.
La situación ha sido notificada a diversas instancias, incluyendo la CIDH, la Secretaría de Gobernación, la Coordinadora para la Atención de los Derechos Humanos del Gobierno de Oaxaca, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Sin embargo, hasta la fecha no ha habido respuesta ni avances concretos para resolver el problema.
Las autoridades municipales de Zimatlán de Lázaro Cárdenas, junto con el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C., demandaron al Estado mexicano garantizar el derecho a la salud de esta comunidad indígena mixteca, conforme al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales.
“El cierre de esta clínica no solo afecta la salud de los habitantes, sino que perpetúa la desigualdad y el abandono que enfrentan las comunidades indígenas. Exigimos que se respete el derecho a la salud y que se cumplan los compromisos asumidos por las autoridades”, señaló Maurilio Santiago Reyes, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C.
Por su parte, el agente municipal Hipólito Bertín García Hernández reiteró el llamado urgente al gobierno estatal y federal para que reabran la clínica, envíen personal médico calificado y equipen adecuadamente la Unidad Médica Rural de Zimatlán de Lázaro Cárdenas.
“Es inadmisible que se sigan vulnerando nuestros derechos fundamentales. No descansaremos hasta que se garantice el acceso a la salud para nuestra comunidad”, concluyó.
