Diana Méndez
Organizaciones sociales y militantes del Frente Popular Revolucionario (FPR) reiteraron su exigencia de justicia por el asesinato de Tomás Martínez Pinacho, ocurrido el 24 de agosto de 2020, y denunciaron que, a más de cinco años del crimen, las investigaciones permanecen estancadas sin que se castigue a los autores intelectuales.
Tomás Martínez Pinacho fue integrante del Comité Central del FPR y realizaba trabajo organizativo en comunidades de la Sierra Sur de Oaxaca, donde encabezó movilizaciones para exigir la atención de demandas sociales, así como la defensa del territorio y los recursos naturales. De acuerdo con el pronunciamiento, estas actividades lo convirtieron en objetivo de grupos de poder locales.
El FPR señaló que, pese al cambio de administraciones estatales, persiste la impunidad en el caso, al tiempo que criticó la incorporación de exfuncionarios priistas a cargos públicos actuales, lo que —afirmaron— refleja una falta de principios y continuidad de prácticas políticas que afectan a las comunidades.
En su posicionamiento, la organización también advirtió sobre el contexto social y económico que enfrenta Oaxaca, marcado por el incremento del costo de la canasta básica, la inflación y el avance de proyectos de inversión con fines privatizadores, como los polos de desarrollo y el Corredor Interoceánico. Asimismo, denunciaron la reactivación de empresas mineras de capital extranjero y el impacto que esto tiene en territorios comunitarios.
Respecto al tercer informe de gobierno estatal, el FPR sostuvo que no se atendieron problemas centrales como la seguridad, la salud, la educación y la delincuencia, y señaló que las mesas de diálogo con autoridades no han derivado en soluciones concretas, lo que ha provocado nuevas movilizaciones, particularmente en la región de la Sierra Sur.
Ante este panorama, el Frente Popular Revolucionario convocó a sus bases y a otras organizaciones del movimiento popular a preparar una Jornada Estatal de Lucha para exigir justicia para Tomás Martínez Pinacho, la detención de los responsables intelectuales de su asesinato y la atención efectiva a los conflictos sociales y municipales que persisten en diversas regiones del estado.
El pronunciamiento concluye con un llamado a la unidad de las luchas sindicales y populares en Oaxaca, bajo la consigna de mantener viva la exigencia de justicia y la organización colectiva.
