Diana Méndez
Organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron justicia para Fila Aldaz Desiderio, persona no binaria, indígena Ayuuk y defensora del territorio, la lengua y los derechos humanos, al denunciar que fue víctima de detención arbitraria, tortura y violencia institucional por parte de elementos de la Policía Estatal, además de señalar que, a más de dos años de los hechos, prevalece la impunidad.
Durante una conferencia de prensa realizada este jueves en el Zócalo de Oaxaca, las organizaciones Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca (Consorcio Oaxaca) y la Comedora Comunitaria Nkä’äymyujkëmë, Comamos Todxs, acusaron que las autoridades estatales han respondido con simulación, dilación y revictimización, sin garantizar una investigación efectiva ni una reparación integral del daño.
De acuerdo con el testimonio de la víctima, los hechos ocurrieron el 27 de enero de 2024, tras participar en una calenda pacífica contra la gentrificación en la capital oaxaqueña. Durante su detención, presuntamente fue golpeada, tirada al suelo, pisoteada y esposada con uso excesivo de la fuerza, para posteriormente ser trasladada por la fuerza en una patrulla.
Las organizaciones señalaron que la violencia continuó durante el traslado y en las instalaciones oficiales, donde Fila habría sido objeto de amenazas, actos de discriminación por su origen indígena y su identidad sexo-genérica, humillaciones, tratos crueles y la negativa de acceso a agua y a su tratamiento médico, lo que vulneró gravemente su integridad física y emocional.
Asimismo, denunciaron que las secuelas de estos hechos persisten hasta la fecha, pues la víctima enfrenta estrés postraumático, ansiedad, depresión y temor constante, además de que ha sido objeto de actos de intimidación y vigilancia, situación que también ha afectado a la Comedora Comunitaria de la que forma parte.
Las organizaciones sostuvieron que este caso refleja un patrón de violencia estructural contra personas indígenas, defensoras de derechos humanos y de la diversidad sexogenérica, al tiempo que cuestionaron el actuar de las instituciones encargadas de garantizar justicia y protección a las víctimas.
Durante la conferencia citaron datos oficiales que evidencian la gravedad del problema. Indicaron que, de acuerdo con el Registro Nacional del Delito de Tortura en el ámbito federal correspondiente al periodo 2018-2024, Oaxaca concentra el 15.4 por ciento de las víctimas registradas en el país, con mil 224 personas afectadas y 965 presuntos responsables. Asimismo, recordaron que el Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal 2025 del INEGI documentó 8 mil 35 hechos presuntamente violatorios de derechos humanos ocurridos en Oaxaca durante 2024.
Ante este panorama, las organizaciones demandaron a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca actuar con debida diligencia, perspectiva intercultural, antirracista y transincluyente, dejando atrás lo que calificaron como una actuación meramente administrativa.
También exigieron a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Oaxaca garantizar atención médica y psicológica especializada, acompañamiento jurídico, medidas de seguridad, reparación integral del daño y garantías de no repetición.
A la Fiscalía General del Estado solicitaron aplicar de manera rigurosa el Protocolo de Estambul para investigar los hechos, identificar tanto a los responsables directos como a la cadena de mando y sancionar a los servidores públicos involucrados en la detención arbitraria, la presunta tortura y los actos posteriores de violencia.
Finalmente, las organizaciones recordaron que Fila Aldaz mantiene un trabajo comunitario a través de la Comedora Comunitaria Nkä’äymyujkëmë, desde donde brinda alimentos, acompañamiento y apoyo a niñas y niños, mujeres víctimas de violencia, personas migrantes y familias indígenas en situación de vulnerabilidad.
