Luego de la escandalosa fuga de reos de un penal de Coahuila, el senador oaxaqueño Benjamín Robles Montoya señaló ante el Pleno del Senado de la República que la delicada situación en las prisiones mexicanas, muy publicitada y conocida por todos, responde principalmente a tres condiciones fundamentales: sobrepoblación, mezcla de reos federales con reos del fuero común y corrupción de autoridades.
Al respecto, manifestó: “El hecho de que reos del fuero común se encuentren recluidos con reos del fuero federal atenta contra el objetivo ulterior del Estado. No podemos aspirar a la reinserción social cuando individuos que delinquen por primera vez conviven cotidianamente con delincuentes consumados, con miembros de la delincuencia organizada. Esta condición consiente que las cárceles se convierten en escuelas del crimen; que sea precisamente en las prisiones donde se articulan las nuevas células delictivas y se recluten a nuevos prospectos criminales”.
Asimismo, cuestiono que en lo que va del sexenio se han sumado 8 mil nuevos presos federales provenientes del crimen organizado. La gran mayoría de estos individuos han sido ingresados a penales estatales, mismos que no cuentan con la capacidad suficiente para lidiar con elementos de tan alta peligrosidad. De ahí que en lo que va del sexenio haya habido alrededor de 900 prisioneros fugados, en aproximadamente 115 incidentes. Todos estos incidentes registrados en las prisiones estatales, producto de fuertes operativos implementados por el crimen organizado.
Queda claro, puntualizó que es responsabilidad de la Federación cumplir con la movilidad de internos que cometieron ilícitos relacionados a la portación de armas de uso exclusivo del Ejército, narcotráfico y crimen organizado. Aislándolos en penales federales construidos para ese efecto, con la capacidad técnica necesaria y que cumplan con los protocolos de seguridad necesarios para evitar futuros incidentes.
Situación por la que el legislador presentó un punto de acuerdo por el que: Se exhorta al Ejecutivo a remitir a esa Soberanía un informe detallado sobre el proceso de separación de reos federales de los reos del fuero común, con la finalidad de saber si se podrá cumplir con el objetivo de terminar dicho proceso para finales de este año.
Así como enviar un informe detallado sobre el proceso de construcción de los 8 nuevos penales federales, mismos que deberían estar terminados para finales de este año. De igual manera se requiere una explicación sobre el costo de dichos penales, las especificaciones técnicas que tendrán y a cuantos reos podrán albergar.
Y es que, Robles Montoya apuntó que la corrupción que impera en la administración de los penales encuentra solución en una estricta aplicación de la ley, que inhiba el contubernio entre autoridades y criminales, poniendo fin a la impunidad.
Actualmente en las prisiones del país se encuentran presos unas 230 mil personas, dijo, siendo que la capacidad del actual sistema penitenciario es tan sólo para alrededor de 200 mil. Algunas estimaciones valoran el total de sobrepoblación en 40 mil 42 individuos. De los 230 mil internos que hay en el país el 5% son mujeres, el 20% pertenece a la competencia federal y el 75% al fuero común.
“Sobre la naturaleza de los centros penitenciarios que operan en el país, sabemos que existen ocho centros federales con una capacidad de 13 mil 214 internos; 10 dependientes del Distrito Federal con capacidad de 22 mil 577; 320 estatales para 143 mil 522 internos y 92 municipales para 3 mil 603 reclusos. El total de centros es de 429 y su capacidad total es de 182 mil 905 internos. En 195 de estos centros existe sobrepoblación, de ellos 48 albergan población penitenciaria del fuero común y los restantes 148 tienen tanto población federal como del fuero común”, expuso en la máxima tribuna del país.
