Para exigir su “guelaguetza” familiar de 40 lotes para construir sus viviendas, por segundo día consecutivo, triquis de San Juan Copala, manipulados por Lorena Merino, protestan y realizan plantón frente al Palacio de Gobierno en demanda de una mesa de trabajo.
Haciendo gala de su ladina perversidad, Lorena Merino Martínez, niega la denuncia de sus millonarios negocios al utilizar como ariete político a solo 10 desplazados triquis de un total de 135 cautelados por la CIDH, integrantes de siete familias, la mayoría parientes de ella.
Confirmado está que quien se autoproclama representante triqui, es una consumada “vivales” que utiliza a sus hermanos indígenas, para presionar y chantajear al Gobierno de Oaxaca desde el sexenio pasado con apoyo de funcionarios gabinistas.
De manera preponderante se mantiene aliada con la ex Coordinadora de Derechos Humanos de Gabino Cué, María Eréndira Cruzvillegas Fuentes, actual Cuarta Visitadora General de la CNDH.
La ex titular de la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de la República (PGR) es la correa de transmisión con “lucradores” de derechos humanos.
Especial lugar ocupa Miguel Álvarez Gándara, presidente vitalicio de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), fundado por el Obispo de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Samuel Ruiz García.
Las cosas se complican porque la estructura gubernamental de origen diodorista-gabinista, no ha sido desmantelada. Como es, lógico y natural, quienes tienen el fierro de ambos establos en las nalgas, se dedican a sabotear el trabajo de Alejandro Murat.
Pueden hacerlo fácilmente. Están ubicados estratégicamente en mandos altos y medios. Controlan en su beneficio personal y faccioso dependencias sumamente vulnerables en secretarías estratégicas como son las áreas administrativas, recursos humanos, compras y adquisiciones.
En tales condiciones, el gobernante oaxaqueño que hizo renacer la esperanza de cambio, se enfrenta diariamente a enemigos y traidores. La actuación desleal y soterrada de los traidores es peor que la de los enemigos, muchas veces más honorables.
Urge, pues, un proceso de reingeniería en la estructura del Poder Ejecutivo para evitar más sabotajes. Si no se desmantela la estructura administrativa diodorista-gabinista quedará impune el saqueo de Oaxaca porque el combate a la corrupción será entorpecido.
Afortunadamente, Lorena Merino ha fracasado rotundamente al intentar desmentir, a través de las redes sociales, las documentadas denuncias publicadas por este columnista y nuestro compañero y amigo Felipe Sánchez Jiménez, autor de la columna Escaparate Político.
Su método permanente es la diatriba y la descalificación, así como su permanente violencia y agresividad. A través de alrededor de 100 cuentas de “troles” en la red social Twitter, se victimiza, pese a la atención que el Estado le brinda y criminaliza a sus críticos.
Lorena, se ha caracterizado por sus constantes manifestaciones y tomas de oficina, siempre agrediendo verbal y físicamente a los servidores públicos. Inexplicablemente, sus cómplices continúan gozando de total impunidad, a pesar de incurrir en diversos delitos graves, como la trata de personas en agravio de menores.
Es el caso de los hermanos Basilio, Agustín y Virgilio Ramírez García; el primero, actual pareja sentimental de Lorena, quienes cuentan con la averiguación previa 1020/V.I./2013, por trata de personas en agravio de una menor de su grupo étnico; ninguno de ellos está vinculado a medida cautelar alguna.
Durante ocho largos años, Lorena Merino, ha recibido del Gobierno de Oaxaca cantidades millonarias de dinero por concepto de beneficios traducidos en numerosas acciones realizadas a su favor.
No obstante que su grupo representa escasamente al 10 por ciento de los 135 cautelados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se le otorgan numerosos apoyos mensuales que, presuntamente, le han permitido enriquecerse familiarmente.
En 2014, el Gobierno de Oaxaca, levantó el único censo del que se tiene evidencia documental. De acuerdo a los grupos originales de desplazados triquis, quedó integrado de la siguiente manera:
Los cuatro grupos desplazados sumaron un total de 108 cautelados, no los 135, integrantes de 66 familias, representados por Braulio Hernández Hernández, con 60 desplazados pertenecientes a 38 familias.
Reyna Martínez Flores con 27 desplazados, miembros de 17 familias; Jesús Martínez Flores con 11 desplazados integrantes de 4 familias y Lorena Merino Martínez con solo 10 desplazados de 7 familias.
El año pasado 2017, Lorena y sus familiares recibieron un Apoyo mensual del Gobierno del Estado por 114 mil 253 pesos, que al final del año representaron un Apoyo de un millón 371 mil 036 pesos, algunos viviendo fuera de Oaxaca y otros en Estados Unidos.
Por concepto de Alimentación, se le otorgan 34 mil 319 pesos mensuales, sin embargo, para presionar y chantajear al Gobierno de Alejandro Murat, se ha negado a cobrar los 12 meses de 2017. También, se ha negado a cobrar los 12 meses de 2017, por concepto de insumos personales, por un monto de 8 mil 483 pesos.
Los cheques correspondientes están depositados en la Dirección Administrativa de la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO) que, afortunadamente, hasta ahora, no ha cedido a las presiones y chantajes de Lorena y sus incondicionales.
Al mismo tiempo, se ha negado a recibir los apoyos por concepto de Despensas durante los 12 meses de 2017, con un monto mensual de 41 mil 151 pesos. Las 480 despensas que se ha negado a recibir, pretextando que no está de acuerdo con su contenido, están depositadas en el almacén del DIF Estatal y equivalen a 493 mil 812 pesos.
El Notario Número 75, Miguel Ángel Morales Amaya, ha dado fe, mediante testimonio notarial 67,737, de la negativa de Lorena para recibir los cheques correspondientes a la alimentación e insumos personales de 2017.
Se tiene el antecedente, asimismo, que Lorena, se ha negado sistemáticamente a recibir los apoyos y únicamente mediante negociaciones a su favor, a través de presiones y chantajes, retoma los apoyos.
La controvertida autoproclamada representante de los desplazados triquis, sí aceptó que se pagara en 2017 la Renta del albergue que ocupan en la calle Venezuela 306, Colonia América Sur, por 17 mil pesos mensuales.
La misma aceptación tuvo en 2017 del pago de la Renta del local comercial que usufructúa en la Avenida Morelos 900, Colonia Centro, con un monto de 12 mil pesos mensuales, así como el pago en 2017 de Servicios diversos por 1,300 pesos.
@efektoaguila
