Porque ni un jornalero agrícola más debe tener un salario raquítico por largas horas de trabajo, el senador oaxaqueño Benjamín Robles Montoya exigió al Ejecutivo Federal informe sobre el monto de los subsidios y programas federales de apoyo que se han otorgado a los productores agrícolas del Valle de San Quintín, Baja California, y de otras entidades, durante el periodo 2008-2015.
Para lo cual durante una reunión que sostuvo con líderes oaxaqueños que radican en La Paz, Baja California Sur, anunció que presentará un punto de acuerdo al seno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
“No solamente vamos a presentar este punto de acuerdo, sino que vamos a solicitar que las mismas inspecciones, las mismas acciones que se han hecho en San Quintín, se hagan en distintos ranchos de Baja California Sur y de los demás estados del norte del país, porque empiezan a haber casos en los que nos damos cuenta de que si en algo nos caracterizamos los oaxaqueños es que somos muy trabajadores, pero también hay quien está abusando de esta situación”, expresó.
Y toda vez que los agricultores se resisten a cumplir con los acuerdos ya pactados, el congresista también pedirá un informe sobre el monto de los ingresos totales cobrados, los ingresos exentos, los ingresos acumulables cobrados, deducciones autorizadas al pago, la utilidad fiscal, la pérdida fiscal, la utilidad gravable y el Impuesto Sobre la Renta pagado, que reportaron los mismos durante el ejercicio fiscal 2014.
El legislador del PRD, quien ha colaborado en la búsqueda de una solución al conflicto entre los jornaleros con sus patrones, enfatizó que él defenderá desde el Senado las causas nobles como este movimiento campesino, donde la mayoría de los afectados son sus paisanos.
A la par, consideró que el programa federal que apoya a 500 mil jornaleros de un aproximado de dos millones de trabajadores del campo debe ser revisado urgentemente a fin de conocer si en realidad el recurso está siendo aplicado correctamente para garantizar salud, educación y un vida digna, como lo establece la Constitución.
Fundamentó que antes y después de que estallara el conflicto de San Quintín, durante varios recorridos que hizo por esta zona, constató que familias enteras viven y trabajan en condiciones deplorables.
“Estoy muy preocupado por lo que están sufriendo nuestros paisanos que abandonaron Oaxaca por mejores oportunidades, lamentablemente algunos han tenido que aceptar un trabajo de esclavos”, externó Robles Montoya.
Puntualizó que si los patrones no quieren cumplir con dar un trato justo hay elementos suficientes para meterlos a la cárcel, pero es el gobierno quien deberá asumir la parte que le corresponde para que todo llegue a buenos términos.
