El presidente de la Comisión Sur-Sureste del Senado de la República, Benjamín Robles Montoya, hizo un enérgico llamado al Gobierno Federal para que implemente con prontitud las recomendaciones emitidas por el Relator Especial de la ONU, en el informe preliminar sobre tortura en México, lo anterior con el fin de prevenir y erradicar la tortura en el país.
En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el legislador oaxaqueño presentó un punto de acuerdo en el que además la LXII Legislatura Federal exhorte al Titular del Ejecutivo Federal para que- a través de la Comisión Nacional de Seguridad, la Procuraduría General de la República y las Fuerzas Armadas de México- implementen de manera urgente, acciones coordinadas con los gobiernos estatales y municipales a efecto de prevenir y erradicar la tortura en el país.
El senador del PRD refirió que recientemente estuvo en México el Relator Especial sobre la cuestión de la tortura, de la ONU, el cual concluyó que la tortura es generalizada en México y que no hay corporaciones que se dediquen al arresto y detención de personas contra las que no haya recibido denuncias.
“Nuestra obligación, como legisladores y representantes populares, es compartir las preocupaciones del Relator Especial y demás organismos de la sociedad civil, pero sobre todo, es nuestra obligación ocuparnos en tender puentes, en coadyuvar en la solución de la problemática y por ayudar a mitigar las deficiencias y los vicios existentes, particularmente frente a las graves carencias identificadas en la implementación de medidas para prevenir la aplicación de la tortura”, sostuvo Robles Montoya.
Comentó que el Relator Especial de la ONU señala que fue a partir del año 2006, cuando Felipe Calderón emprendió la “Lucha contra el narcotráfico”, cuando comenzaron a crecer las demandas por violaciones a los derechos humanos.
El relator puntualizo que otros aspectos que contribuyeron al crecimiento de la tortura en México es que los policías poco y mal capacitados, y esto incluye su instrucción acerca de cómo evitar posibles abusos; están muy mal pagados, lo que contribuye a que el ánimo dentro de las propias corporaciones policiacas empeore, mientras decrecen los controles a la corrupción y la impunidad.
A este factor psicológico, precisa el relator, hay que añadir la ira de los policías al arriesgar su vida todos los días, o por el hecho de que han perdidos amigos, colegas o familiares como producto de la “guerra contra las drogas”.
El Relator, -continuó el congresista federal- en su informe preliminar, señala que la tortura es practicada por las diferentes fuerzas de seguridad en los distintos niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), así como por las Fuerzas Armadas.
Y es que, puntualizó Robles Montoya la tortura es raramente denunciada ante las autoridades derivado del enorme daño físico y sicológico que causa ésta a las víctimas, además de que se tiene la percepción de que lo más probable es que los autores no sean castigados. Estos hechos convierte a los afectados en dobles víctimas: una por parte de los torturadores, y por otra, de quienes supuestamente deberían proteger el Estado de derecho.
