El Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Eviel Pérez Magaña, exhortó a la Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Woolrich, dejar de actuar como Ministerio Público y Juez en el tema de las auditorías.
Al salir en defensa de sus compañeros de gabinete durante el sexenio pasado, el Diputado Federal señaló que la funcionaria ha convertido ese tema en todo un “circo mediático”.
“En este caso no están dando la oportunidad de solventar las presuntas irregularidades, y queda claro que las auditorias aplicadas están “cargadas” de un alto contenido político”.
Esto, consideró, en aras de devolverle credibilidad a un gobierno que por sus propias acciones ha desilusionado a quienes le dieron su confianza en el pasado proceso electoral.
Estableció que los funcionarios del gobierno del estado “han caído en serias contradicciones” y ejemplificó que por un lado el propio titular del Poder Ejecutivo anuncia el término de las auditorias y ofrece el derecho de solventar las irregularidades y, por el otro, la Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental junto con el Procurador General de Justicia hablan de ordenes de aprehensión.
Con esto, expuso, los funcionarios del “gobierno del cambio” violentan el Estado de Derecho de todos y cada uno de quienes laboraron en el pasado gobierno.
Precisó que de acuerdo a la Ley todo servidor público que en el desempeño de sus funciones es objeto de una auditoría tiene el derecho de solventar las presuntas observaciones.
“Cualquier persona tiene la obligación de justificar la aplicación de recursos económicos y, de no permitirse esta situación, entonces se violenta el derecho a la solventación. Sin embargo, si después de ese etapa administrativa no se logra justificar el ejercicio de los fondos públicos, entonces procede la inhabiliten o incluso una denuncia penal, en su caso”.
Ejemplo de inconsistencias de la contralora son, por ejemplo, que Seguro Popular ejerció hasta el 30 de noviembre de 2010 un presupuesto de 1297 mdp, que corresponde precisamente a la misma cantidad que fue observada por la Contralora, esto haría suponer que ningún oaxaqueño habría recibido algún beneficio de este programa.
Al IEEA, que ejerció un presupuesto de 46 mdp en el 2010, se le observan supuestas irregularidades por un monto de 54 mdp.
El Diputado Federal finalizó: “el PRI impulsa la redición de cuentas y transparencia en el ejercicio público y al mismo tiempo exige se respete el estado de derecho de todos los oaxaqueños”.
