Un factor de poder con el que tendrá que lidiar el próximo presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en la heterodoxa estrategia que planea instrumentar para combatir la violencia y el narcotráfico es el gobierno que encabeza en Estados Unidos el presidente Donald Trump.
No sólo porque el mandatario estadounidense concibe la lucha contra las drogas como una guerra que tiene uno de sus principales escenarios en la frontera con México, sino porque varios funcionarios clave del área de seguridad y justicia están en las antípodas de la política antidrogas que propone López Obrador.
El futuro presidente mexicano es partidario de enfrentar el tema con un enfoque preventivo, de salud pública y con elementos de la justicia restaurativa.
Esto debe sonarles a claudicación a Trump y sus “halcones”, quienes insisten en mantener la fallida estrategia contra los estupefacientes que lanzó hace más de medio siglo el presidente Richard Nixon –la cual pone el acento en la represión– y cuyos resultados son decepcionantes: no ha logrado reducir ni el consumo ni la producción de drogas.
Al contrario, Estados Unidos sigue siendo el principal consumidor mundial de estupefacientes, no solo de los tradicionales, como mariguana, cocaína y heroína, sino de una amplia variedad de drogas de diseño que se pueden fabricar en casa y de productos químicos como el oxicodona, un opiáceo sintético producido mayoritariamente en China.
En contraste con la flexibilidad que mostró el presidente Barack Obama para al menos debatir a nivel hemisférico la conveniencia de mantener políticas antidrogas represivas y prohibicionistas que han agravado el problema del consumo y han causado varios miles de muertos en México, Colombia y Centroamérica, Trump propone más mano dura para enfrentar el problema.
En marzo pasado, planteó incluso aplicar la pena de muerte a los traficantes de drogas y aseguró en todo épico: “Ganaré esta batalla”. Pero la guerra contra las drogas ya demostró suficientemente su fracaso.
En México, Felipe Calderón, el presidente que le declaró la guerra al narcotráfico, la perdió de manera incontrovertible. Durante su sexenio (2006-2012), los homicidios aumentaron en 102 por ciento con relación al de su predecesor, Vicente Fox, y los cárteles de la droga alcanzaron un control territorial sin precedentes.
Y luego de que Calderón perdió la guerra, y de que dejó un país con 121,613 muertos y 24,956 desaparecidos –según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED)–, Enrique Peña Nieto mantuvo la misma estrategia.
El resultado es que en los dos últimos sexenios se han producido 257,556 homicidios, uno cada 25 minutos en promedio, según cifras del Inegi y del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El fenómeno que los dos últimos presidentes de México se propusieron combatir con mano dura y con tropas del Ejército y la Marina en las calles se agravó y ubicó el fenómeno de la violencia como el de mayor preocupación para los mexicanos.
Esa estrategia contó con todo el respaldo de Estados Unidos y de sus agencias de seguridad, que tuvieron un protagonismo sin precedente en México, aunque no siempre transparente frente a la opinión pública.
Ahora que López Obrador propone ensayar políticas diferentes contra las drogas y alienta un debate nacional para buscar enfoques que logren reducir la violencia, Washington se ha mostrado entre escéptico, cauteloso y renuente a respaldar la nueva estrategia.
La próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha dicho que para lograr la paz en México es necesario considerar una ley de amnistía para campesinos dedicados a los cultivos ilícitos, reducción de penas a los narcotraficantes que se sometan a la justicia, reparación integral a las víctimas y la despenalización de drogas como la mariguana y la amapola.
En julio pasado, la vocera de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo que el gobierno de Trump no apoyaría “la legalización de todas las drogas en ningún lugar” ni nada “que pudiera permitir que más drogas entraran en nuestro país”.
El año pasado, en Estados Unidos murieron por sobredosis de drogas 63,600 personas, el 66 por ciento de ellas por el consumo de opiáceos que no sólo llegan desde México, Colombia y Asia, sino también se adquieren en las farmacias de ese país.
El año pasado, las farmacias estadounidenses distribuyeron 11,200 millones de pastillas con contenido de opioides que se utilizan para el tratamiento del dolor pero a las cuales son adictos millones de estadounidenses.
Un estudio de Jama Psychiatry reveló que el 75 por ciento de los heroinómanos en Estados Unidos empezaron con esos analgésicos opioides.
La respuesta de la administración Trump ha sido más mano dura. El fiscal general, Jeff Sessions, ha pedido a los fiscales pedir la pena de muerte para las personas vinculadas con el tráfico de drogas “cuando corresponda”, lo que es rechazado por defensores de derechos humanos y libertades civiles.
Trump ha elogiado la estrategia antidrogas del presidente filipino Rodrigo Duterte, quien según denuncias de organismos humanitarios ha matado personalmente a presuntos traficantes de estupefacientes.
Y una de las razones que expone el presidente de Estados Unidos para justificar la construcción del muro en la frontera con México es que “detendrá” el flujo de drogas a ese país.
Es evidente que las políticas alternativas de seguridad que busca implementar López Obrador se perfilan como un elemento de tensión en las relaciones México-Estados Unidos.
Fuente: proceso.com
