Estados Unidos amenazó este lunes con arrestar y procesar a jueces y a otros funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI) si el tribunal emprende acciones por crímenes de guerra contra estadunidenses que lucharon en Afganistán, afirmó que esa instancia está muerta para nosotros y la calificó de ilegítima.
Vamos a impedir a esos jueces y fiscales la entrada a Estados Unidos. Vamos a aplicar sanciones contra sus bienes en el sistema financiero estadunidense y vamos a entablar querellas contra ellos en nuestro sistema judicial, advirtió John Bolton, consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Haremos lo mismo con cualquier compañía o Estado que ayude a una investigación de la CPI en contra de los estadunidenses, dijo ante la organización conservadora Federalist Society, en Washington.
Bolton acusó a la corte internacional encargada de juzgar principalmente crímenes de guerra y de lesa humanidad de ser ineficaz, irresponsable y francamente peligrosa para Estados Unidos, Israel y otros aliados.
Para Estados Unidos cualquier iniciativa sobre las acciones de efectivos de seguridad suyos sería una investigación completamente infundada e injustificable.
A principios de noviembre de 2017, la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, anunció que pediría a los jueces la autorización para investigar crímenes de guerra cometidos presuntamente en el conflicto armado afgano, principalmente por el ejército estadunidense.
En Afganistán, Estados Unidos sigue a la cabeza de una coalición militar que depuso al régimen talibán en 2001.
En cualquier momento la CPI podría anunciar la apertura de una investigación formal contra esos patriotas estadunidenses, explicó el consejero de Donald Trump.
Y le dirigió un mensaje sin ambigüedad a la corte: Estados Unidos utilizará todos los medios necesarios para proteger a nuestros conciudadanos y los de nuestros aliados, de enjuiciamientos injustos por parte de esta corte ilegítima.
La Corte Penal Internacional se rige por el Estatuto de Roma, un tratado ratificado por 123 países. Su fiscal puede abrir sus propias investigaciones sin permiso de los jueces, siempre y cuando impliquen a un país miembro, en este caso, Afganistán.
Bolton, quien fue embajador de Washington en la ONU durante el gobierno de George W. Bush, dijo que la principal objeción de la administración Trump es la idea de que la CPI podría tener mayor autoridad que la Constitución de Estados Unidos y su soberanía.
Fuente: jornada.com
