La revisión de todos los discursos ayer en el periodo extraordinario de la Cámara de Diputados para aprobar la ya aprobada Guardia Nacional fue el tercer déjà vu en clave de dos fracasos anteriores: el Acuerdo de Seguridad del 21 de agosto de 2008 por el caso Martí y las promesas del 14 de octubre del 2011 por el caso del hijo del poeta Javier Sicilia.
Las dos crisis de seguridad que movilizaron a la sociedad mexicana para exigir resultados ocurrieron durante el sexenio panista de Felipe Calderón y sobre todo a lomo de su estrategia de seguridad al lanzar a las fuerzas armadas en apoyo a las fuerzas policiales en contra de los cárteles del crimen organizado. Con Peña Nieto estalló la crisis de Ayotzinapa y denuncias de abuso de fuerza, pero no llevaron a un replanteamiento de su estrategia continuista porque se trataron en ministerio público.
La reunión más importante fue la del 2008 porque marcó dos puntos clave: la aprobación de un plan de modernización de la justicia policial y penal y la maldición del empresario Alejandro Martí, padre del joven asesinado, de que “si la vara está muy alta y no puede, renuncien”.
En el gobierno lopezobradorista, el Plan de Paz y la creación de la GN carecieron de un diagnóstico de crimen y la situación del aparato de justicia y sobre todo sin una evaluación crítica del fracaso del Acuerdo de 2008 en el que estuvieron involucrados muchos de los políticos y funcionarios hoy en el poder. Inclusive, el propio López Obrador, en el 2008 en confrontación contra las instituciones y con el cargo de presidente legítimo, afirmó que las propuestas de Calderón eran cuestionables y agregó que “en esencia prepone un nuevo modelo policiaco”, “es pura faramalla” y para ir a fondo entonces debería “cambiar la política económica” –que hoy es la misma del gobierno de AMLO– y destituir “cuando menos” al secretario de Gobernación (Juan Camilo Mouriño) y al de Seguridad Pública (Genaro García Luna).
Pero lo interesante y novedoso del Acuerdo del 2008 fue no sólo propuestas de reorganización, sino que se le dieron plazos calendario muy precisos: de los 74 compromisos con fechas de realización, apenas se atendieron los más fáciles; los demás quedaron en el limbo burocrático. Y pese al reclamo del poeta Sicilia por el asesinato de su hijo en un conflicto de cantina que el muchacho no inició pero que enardeció a un sicario, Calderón y Peña Nieto se olvidaron de sus promesas.
En acuerdo del 2008 fue exacto:
–4 meses para modelo de control de confianza.
–1 año para centros de control de confianza.
–1 año para evaluación permanente de funcionarios de seguridad.
–6 meses para un sistema nacional de desarrollo policial.
–2 años para un sistema de desarrollo de ministerios públicos locales.
–6 meses para apoyar a estados y municipios con crisis de seguridad.
–6 meses para acabar con narcomenudeo.
–18 meses para fortalecer la Subprocuraduría Especializada contra Delincuencia Organizada.
–6 meses para una estructura contra el lavado de dinero.
18 meses para fortalecer ministerios públicos federales.
–6 meses para red de atención a víctimas.
–6 meses para controlar celulares.
–3 meses para estructura de denuncias contra la corrupción.
–6 meses ara un sistema único de información criminal.
–Y, entre otras, 2 meses para la creación de un observatorio ciudadano para vigilar el cumplimiento de los compromisos.
Nada se hizo y la inseguridad escaló por el fracaso de lo que se prometió arreglar.
El diagnóstico del 2008 reconoció el fracaso del Estado y “el deterioro institucional y estructural, el “alto grado de impunidad” y, lo más grave, “el control territorial” de grupos criminales sobre territorios de la soberanía del Estado.
Este diagnóstico de 2008 y los compromisos asumidos apabullan la estrategia del gobierno entrante de centrar el éxito de su estrategia en la Guardia Nacional con personal de policía militar y policía naval, porque el problema es de estructuras policiales, de seguridad, del Estado y de la sociedad que protege a criminales.
Los compromisos del 2008 revelaron lo inservible de la estructura de seguridad, justicia y penal y la Guardia Nacional será sólo un organismo operativo en vigilancia y persecución de delincuentes. Paradójicamente, el modelo de la GN y el Plan de Paz se parece al que López Obrador en 2008 calificó de modelo policiaco calderonista, sin contenido social, sin reorganización del Estado y sin programas sociales efectivos y no solo asistencialistas.
Peor aún, el Plan de Paz de López Obrador es menor al Acuerdo de Calderón, aunque con las pruebas de que el del 2008 fue demagógico y se abandonó apenas firmado.
Y si la bancada de Moderna llevo la consigna presidencial de aprobar la GN, la oposición resultó mediocre porque un pudo hacer una revisión crítica de lo prometido en 2008 y 2011 ni exigió rendición de cuentas de lo fracasado.
Política para dummies: La política que no revisa sus errores está condenada a… acumular fracasos.
