Diana Méndez
Desde muy temprano, un grupo de personas al parecer habitantes de Tlaxiaco arribaron a la Caseta de Cobro de San Pablo Huitzo, en un acto de protesta, sin embargo, tras su llegada comenzaron a cobrar entre 50 y 100 pesos a los usuarios.
Los manifestantes, en su mayoría pertenecientes a organizaciones sociales y comunidades, han expresado diversas demandas, que incluyen mejoras en infraestructuras locales, servicios básicos, y demandas relacionadas con derechos sociales y laborales.
Algunos líderes de la protesta han señalado que la toma de la caseta es una medida necesaria para llamar la atención sobre la falta de respuesta del gobierno a sus demandas previas.
Por otro lado, en términos legales, la ocupación de casetas de peaje para fines de protesta es un tema complejo en México. Si bien se reconoce el derecho constitucional a la protesta pacífica, las autoridades están facultadas para intervenir si la ocupación afecta gravemente el orden público o impide el libre tránsito de personas y bienes.
La toma de la Caseta de Huitzo representa un punto de inflexión en las dinámicas de protesta y respuesta gubernamental en la región de Valles Centrales. El desafío para las autoridades será encontrar un equilibrio entre el respeto al derecho a la manifestación y la necesidad de mantener la seguridad y la normalidad en las vías de comunicación esenciales para la comunidad y la economía local y regional.
