Hasta el Fondo Monetario Internacional admitió que la premisa mayor del conflicto derivado de la expropiación de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en poder de Repsol (51%), es que Argentina es un país soberano y democrático y tiene derecho a darse el régimen que estime conveniente respecto a sus recursos estratégicos.
En claro contraste, el presidente del país que expropió el petróleo en 1938 y legó al mundo la Doctrina Estrada, calificó las decisiones de otro Estado soberano de “irresponsables” y “muy poco racionales”y sentenció que “no van a hacer bien a nadie”. Al hacerlo violó la Constitución, esta vez no en temas electorales como en ocasiones anteriores, sino en lo relativo a los principios de la política exterior mexicana, entre ellos el de no intervención y autodeterminación, establecidos en el artículo 89, fracción X; violó también distintas normas del derecho consuetudinario internacional.
Pero una aproximación seria y respetuosa para todas las partes sobre el diferendo entre el Estado argentino y Repsol pone de manifiesto que existe una importante diferencia de visión, objetivos y lógica de la empresa privada y el Estado nacional.
Con la lógica del mercado, la empresa privada busca una pronta, segura y elevada tasa de retorno de su inversión y desde Adam Smith se reconoce que el afán de lucro es el motor de la actividad económica de los particulares. El Estado, particularmente en países democráticos, tiene que garantizar el interés nacional y los intereses de la sociedad, en especial de los grupos desprotegidos, por encima de otra consideración.
El interés individual y el interés colectivo no siempre son compatibles, en especial cuando están en juego los recursos estratégicos de una nación. Por eso los países que permiten que sus recursos naturales sean explotados por empresas privadas deben contar con leyes, sistemas y órganos reguladores suficientes y eficaces para que el interés de los particulares no lesione los intereses de la comunidad ni envenene el medio ambiente.
En Argentina, la disminución de las inversiones y actividades de YPF-Repsol, explicable por los problemas financieros de España, había reducido la producción petrolera de 111 millones de barriles en 2009 a 100 millones en 2011 y la de gas, de 10.7 millones de metros cúbicos a sólo 8.8 millones entre los mismos años, lo que provocó importaciones de hidrocarburos por cerca de 10 mil millones de dólares: casi todo el superávit comercial del país.
Éste es un claro ejemplo de las diferencias de óptica e interés. Para Repsol fue conveniente reducir sus gastos de capital, que dan frutos en el mediano y largo plazo, pero para Argentina, esa misma decisión puso en riesgo el abasto al mercado interno y los precios de los combustibles, en perjuicio de los hogares, que utilizan grandes volúmenes de gas en el invierno. Además, la falta de inversiones de YPF-Repsol impidió aprovechar las grandes reservas de gas shale en La Patagonia, que le habían sido concesionadas. Durante dos años, las autoridades argentinas negociaron sin éxito con Repsol, hasta que no quedó más remedio que la expropiación.
El tema es relevante para México porque tenemos importantes reservas de gas shale o gas no convencional provenientes de lutitas en la frontera con Texas. Su explotación requiere fuertes cantidades de arenas especiales, maquinaria pesada, agua a presión y agentes químicos para romper y mantener abiertos los conductos por donde fluya el gas, así como disponer del agua contaminada. En Texas, esa agua se retira en grandes contenedores debido a las demandas de agricultores y ganaderos de ese Estado.
La exploración y explotación del gas shale tiene ventajas y retos para nuestro país, pues en la frontera norte no existen agua suficiente ni caminos adecuados para el transporte de materias primas y maquinaria pesada. Además, es preciso adecuar la legislación ambiental y hacer efectiva su aplicación para evitar que el agua utilizada contamine los suelos y mantos acuíferos de la región. Antes de permitir cualquier forma de participación privada en la explotación del gas shale, el Estado mexicano debería constituir un organismo regulador con funciones y recursos suficientes para otorgar los permisos y fiscalizar la operación.
Respecto a Repsol-España, llama la atención que cuando Pemex aumentó su participación accionaria al 10%, fue acusado de atentar contra la“españolidad” de la empresa y cuestionada su alianza con la Sacyr-Vallehermoso. Ahora que Argentina expropia las acciones de YPF-Repsol, la acusan cometer “ilícitos”y de atentar contra la libre empresa y los tratados internacionales. Por eso la posición asumida por el presidente Calderón no sólo contraviene la Constitución sino que tampoco es congruente con los intereses de México.
Las presiones a Argentina son similares a las a que se ejercieron contra México, Irán, Bolivia y otros países cuando decidieron rescatar el control nacional de sus recursos estratégicos. Mientras, en España la ola “nacionalista” arrastró incluso al líder del Partido Socialista. Ni modo, pueden más los intereses e las grandes empresas que las diferencias entre las ideologías opuestas.
