En sólo ocho palabras, Enrique Peña Nieto sintetiza su propuesta política: “Un Estado eficaz para una democracia de resultados”. Éste es el subtítulo de su libro de reciente aparición, en el que propone políticas y acciones concretas para “acabar con el miedo y renovar la esperanza”, aunque advierte en una nota inicial que la suya no es “una oferta de gobierno”, sino apenas “un conjunto de ideas para el futuro del país” para apegarse a la legislación electoral.
El futuro candidato presidencial del PRI reivindica el papel del Estado como rector y promotor del desarrollo económico y el bienestar social, después de varios lustros de desmantelamiento de las instituciones de fomento económico y en medio de una campaña pertinaz de desprestigio a las instituciones fundamentales de la República, lo que constituye una definición política de la mayor importancia. El Estado, afirma, debe ser “eficaz” para impulsar el desarrollo económico y social.
Una segunda definición relevante es la propuesta de hacer efectivos los derechos que reconoce la Constitución a todos los mexicanos, lo que no sólo entrañaría replantear toda la política social y hacer profundas reformas administrativas, sino crear mecanismos para reducir la inequidad y abatir efectivamente la pobreza.
Claro que es muy fácil proponer casi cualquier cosa si el objetivo es conseguir votos. Pero lo singular de Peña Nieto es que advierte algo que no suelen decir los políticos, y mucho menos en vísperas de las elecciones: para que el gobierno pueda hacer lo que él propone, se necesitan recursos, pues “cualquier propuesta que no tenga un respaldo real en la hacienda pública es demagogia pura”.
En su opinión, “El secreto para una reforma fiscal exitosa (pág. 166) consiste en contar con un gran respaldo colectivo y tener la claridad para explicar la forma en que se distribuirá la carga tributaria, de modo que cada ciudadano sepa que todos pagarán impuestos de acuerdo a su capacidad económica, aclarando el uso que se le dará a los recursos y ofreciendo la garantía de que no serán despilfarrados en un gasto corriente injustificable”.
No será fácil, pues entraña, en primer término, que paguen todos los que deben pagar, y que el SAT abata la evasión fiscal que se estima en la cuarta parte de la base tributaria. Significa también reducir al mínimo socialmente indispensable los privilegios y exenciones fiscales, lo que provocará presiones de los grandes corporativos que se benefician de ellos. Supone simplificar el sistema fiscal y usar los recursos públicos con eficacia y transparencia, lo que encontrará resistencias en los enclaves de poder burocrático.
Si le tomamos la palabra a Peña Nieto en lo referente a los derechos constitucionales para todos, habrá que admitir que eso tiene un costo y debe pagarlo la sociedad, pero ni los más de 50 millones de pobres ni los estratos de clase media que están al borde de la pobreza pueden pagar más impuestos; por ello la reforma tributaria debe ser progresiva, lo que implica cobrar tasas más altas a los ricos que los demás. Esto no será posible sin un fuerte apoyo social, sin mayoría en el Congreso de la Unión y sin una relación fluida entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Para construir mayorías legislativas, Peña Nieto propone eliminar el límite de 8% de sobrerrepresentación de los partidos en la Cámara de Diputados y reducir de 200 a 100 las diputaciones plurinominales. Estas propuestas disminuirían la sobrerrepresentación de los partidos minoritarios, por lo que el tema debería ser debatido con seriedad para que la conclusión a que se llegue, cuente con suficiente respaldo social.
La reforma hacendaria integral es inseparable de la reducción paulatina de la carga fiscal a Pemex que en la actualidad aporta un tercio a los ingresos tributarios del gobierno. Sus utilidades deben destinarse cada vez más a invertir en exploración, explotación, refinación, transporte y reactivación de la industria petroquímica básica.
Supongo que el equipo económico de Peña Nieto considera que ni eliminando el régimen fiscal confiscatorio, Pemex podría generar los recursos necesarios para su modernización y expansión. Así entiendo su propuesta de que “México deberá examinar los mecanismos utilizados exitosamente en otros países para que, sin renunciar a la propiedad pública de los hidrocarburos ni a la rectoría y conducción del Estado en materia energética, esta empresa (Pemex) se pueda beneficiar de asociaciones con el sector privado para dinamizar su producción, así como aumentar su rentabilidad y transparencia” (pág. 69).
El tema es fundamental y debe ser discutido con amplitud y seriedad, pues cualquier medida que se tome al respecto deberá contar con un amplio respaldo de la sociedad. Para el debate habría que definir cuánto necesita invertir Pemex en los próximos diez o veinte años, cuánto ahorraría a partir de la reforma hacendaria integral y cuánta inversión adicional necesitaría; en qué áreas se aceptaría el capital privado y cómo se conciliarían la necesaria transparencia operativa de un organismo público con la secrecía que requiere toda inversión privada.
El libro de Peña Nieto, cuyo título es “México, la gran esperanza”, es una buena base para discutir, dentro y fuera del PRI, las perspectivas del país, las reformas posibles y los costos que estamos dispuestos a pagar los mexicanos por ellas. Es un texto articulado y reflexivo, está escrito con un lenguaje sencillo y claro que no sacrifica la profundidad ni elude propuestas controvertibles. Este libro, junto con el más reciente de Andrés Manuel López Obrador, debería ser referente para las campañas políticas civilizadas y genuinamente democráticas.
