Como ocurre cada año, a partir del primer día de mayo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) inició su tradicional jornada de lucha en los estados del país donde tiene presencia. En esta ocasión, sus huestes arremeten nuevamente contra la reforma educativa implementada por el actual gobierno federal desde 2013 y, en el caso particular de Oaxaca, los integrantes de la Sección 22 exigen la atención de otros 15 asuntos adicionales presentados en su pliego petitorio entregado al titular del ejecutivo estatal el pasado 1º de mayo.
Entre las demandas que integran el pliego de la Sección 22 destacan por sus implicaciones políticas y por su impacto en el terreno eminentemente educativo, las siguientes: la abrogación de la Ley de Educación para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, la abrogación del Decreto que reforma el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), solución a las incidencias de los niveles educativos y financiamiento para la operación del Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca (PTEO). En comparación con los pliegos petitorios de años anteriores, en esta ocasión se nota que los trabajadores de la educación optaron por hacer “tiros de precisión” contundentes contra el “corazón” de la aborrecida reforma a la que culpan, con o sin razón, de poner en riesgo su estabilidad laboral y de atentar contra sus derechos adquiridos antes de su entrada en vigor.
Con esta claridad de su lado y con la realización de diversas acciones de presión en varios puntos del estado, una vez más, como ha ocurrido en los cinco meses de la actual administración, la Sección 22 ha dado otra muestra de la efectividad de sus “estrategias de lucha” al conseguir la instalación de la mesa de negociación al día siguiente de la entrega formal de su pliego petitorio. Por su parte, el gobierno del estado con un IEEPO incompetente –con una estructura operativa al servicio de Aurelio Nuño y de Gabino Cué–, sigue sin dar muestras de saber cuáles son los aspectos de la reforma que debe salvaguardar por su potencial para contribuir al logro de los objetivos educativos que prevé alcanzar en los próximos seis años y cuáles no.
Independientemente de cualquier cosa que se diga al respecto, lo único evidente es que la reforma constitucional de 2013 ha traído a la entidad más perjuicios que beneficios en muchos aspectos, no sólo en materia educativa. Por ello, el gobierno del estado debería aprovechar esta primera negociación con la dirigencia de la Sección 22 para realizar una evaluación objetiva de la viabilidad de la reforma y su pertinencia en una entidad con las características y, sobre todo, con los rezagos sociales que tiene Oaxaca, para evitar una innecesaria confrontación que pueda seguir afectando a terceros, principalmente a la niñez.
Sin embargo, queda claro también que las cosas tampoco serán sencillas en esta ocasión. Todo indica que los agremiados de la CNTE están conscientes de que en este momento existen varios factores que pueden ayudarles a lograr su propósito de poner a salvo de la reforma sus derechos laborales y eso los alienta para seguir adelante con su plan de acción. Ellos saben que el fracaso de la evaluación en todo el país (particularmente en Oaxaca), la inoperancia del programa de formación continua y, en el terreno macropolítico, la proximidad del 2018 juegan a su favor y han puesto en jaque la credibilidad de las “bondades” de la reforma. Ahora sólo falta saber si el gobierno del estado está enterado de esto y, sobre todo, si tiene la capacidad para diseñar una estrategia que le permita sacar adelante la cuestión eminentemente educativa, sin llevar la negociación a un punto sin retorno en el que lo que deba decidirse sea la estabilidad o la reforma.
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