Aún está pendiente la deuda histórica que tiene el país con nuestros pueblos indígenas, quienes padecen niveles de pobreza al doble del promedio nacional, asentó el senador del PRD Benjamín Robles Montoya, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y llamó a pasar del discurso a las acciones.
Durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el legislador oaxaqueño citó la encuesta sobre el ingreso y gasto 2010 del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval), en donde establece que mientras que el promedio nacional de pobreza extrema y moderada es del 46 por ciento en el país, en las comunidades indígenas y pueblos originarios es del 80 por ciento.
“Con datos del CONEVAL 80 por ciento de los integrantes de nuestros pueblos originarios, están por debajo de la línea de bienestar, 8 de cada 10 no tienen acceso a la seguridad social; la mitad de su población no cuenta con servicios en sus depauperadas viviendas; y 40 de cada 100 tienen carencia en materia alimentaria”, precisó Robles Montoya.
Esto significa, dijo, que 8 de cada 10 habitantes de los que llamamos primigenios en el Estado mexicano se multiplica exponencialmente, no solamente la deuda histórica que ya he referido, tenemos con ellos, sino también y hay que expresarlo en esos términos, la ilegalidad al no garantizarles sus derechos constitucionales a esta franja funcional de lo que ahora es México.
“A tres siglos de la conquista se le suma en su detrimento que los pueblos originarios han sido víctimas de un neocolonialismos interno de Estado”, recriminó el senador perredista.
En sentido, mencionó que en materia de derechos indígenas, como en la mayoría donde constitucionalmente tiene obligaciones el Estado mexicano, no sólo ha sido omiso sino invisible para los primeros ocupantes de lo que hoy es México, y a los que retóricamente dice descansar desde sus orígenes.
Finalmente el congresista federal hizo mención de los acuerdos de San Andrés Larrainzar que el Estado Mexicano no ha podido cumplir:
Reconocimiento de los pueblos indígenas y su derecho a la libre determinación en un marco constitucional de autonomía y en las leyes secundarias mexicanas.
Ampliar la participación y representación política y el reconocimiento de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales.
Garantizar el pleno acceso de los pueblos indios a la justicia del Estado, a la jurisdicción del Estado y el reconocimiento de los sistemas normativos internos de los pueblos indígenas.
Promover las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas; asegurar, también, la educación y la capacitación, y aprovechar y respetar sus saberes tradicionales.
Satisfacer las necesidades básicas e impulsar su producción y el empleo; y por supuesto, proteger a lo que ellos mismos denominaron en esos importantes acuerdos históricos a los indígenas migrantes.
