El pasado jueves, justo en la última sesión ordinaria de la LX legislatura estatal, se llevó a cabo la votación para determinar mediante un mecanismo “fast track” el indulto –que no exoneración– a las responsabilidades determinadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), contra diversos funcionarios públicos encabezados por Ulises Ruiz. Una vez más el congreso estatal, merced a los diputados priístas, se convirtió en un circo de tres pistas; en donde los payasos por su poco serio proceder y por sus posturas que rayan en lo risible, lo fueron precisamente los diputados del partido tricolor, quien por cierto recientemente perdió las elecciones estatales y nadie se los ha informado.
Dicho juicio político promovido por otro diputado similar a los anteriores y que por cierto tuvo que soportar estoicamente el calificativo de “traidor” endilgado por su propios compañeros de legislatura, y adjetivo con el que deberá transitar el resto de sus días, me refiero a Cristóbal Carmona Morales, fue el promotor –el que se prestó debería escribir—a iniciar un procedimiento que a todas luces tenía el objetivo de allanarle el camino al todavía titular del ejecutivo , para que en un intento desesperado se le evite ser sancionado y con ello evitar la impartición de justicia que tanto demanda la ciudadanía oaxaqueña por los hechos inolvidables para muchos de nosotros del año 2006.
Tal juicio político hubiera tenido más tintes de credibilidad en su sentencia final, si éste se hubiera realizado en el programa televisivo de Laura Bozzo, mismo que se transmite diariamente por la televisión nacional. Al menos ahí, se hubieran expresado mayores argumentos, si es que los hay, para la defensa de Ulises Ruiz. Hubiera sido sin duda motivo de alto rating el que la conductora gritara: “y que pase el culpable” y escuchar de viva voz del principal acusado de estos hechos, emitir sus razones para manifestarse inocente. Pero como eso resultaba muy riesgoso para los fines que se buscaban, pues que mejor que llevarlo a otro “teatro”, que se ha caracterizado por sus puestas en escena un tanto improvisadas, como lo es el recinto de San Raymundo Jalpan. Sin duda alguna, que la actual legislatura, por el proceder de los diputados del PRI, será recordado como el más servil y sumiso de la historia reciente. Reconocimiento aparte merecen los diputados de los partidos de la oposición, quienes al menos al final de su período se manifestaron unidos para impedir lo que para muchos era imposible y lo fue, que era un poco de dignidad y de cordura de los legisladores tricolores.
Lo que muchos se preguntan es que si realmente con lo aprobado se exonera a Ulises Ruiz de cualquier responsabilidad en los hechos del 2006, por lo que la respuesta es un contundente ¡no!, pues existen todavía recursos legales y políticos que serán presentados en los próximos días, para evidenciar las series de irregularidades cometidas en el también conocido como “juicio de procedencia”. Por lo que un juicio de revisión constitucional parece ser lo más cercano a realizar para demostrar con pruebas y fundamentos legales que tal “indulto” que pretendieron hacer los diputados tricolores carece de efectos legales. Por cierto hablando de indultos, estos proceden en el arte taurino –aunque para muchos no sea arte, ni deporte—cuando el toro de lidia contribuye a la faena del matador; es el juez de la plaza quien en base a lo observado define tal indulto, claro que mucho influyen la percepción de los aficionados quienes con sus pañuelos en mano y con otras maniobras más, piden perdonarle la vida al animal por su bravura y buena embestida. Cuando el indulto no procede, entonces como reconocimiento a la entrega del toro se le concede un arrastre lento, mismo que generalmente se hace acompañado de las palmas de los asistentes. Quise hacer éste símil, por que la verdad yo no veo cuáles serían las razones para indultar o exonerar a una persona que ya ha sido señalado por la SCJN como responsable de lo acontecido en el 2006.
Y quiero decirle al Dip. Herminio Cuevas, que precisamente para poderle resarcir o reparar el daño a los comerciantes, empleados y pueblo en general afectados por la falta de gobernabilidad y por la ausencia de las autoridades encargadas de hacer prevalecer la paz y la estabilidad social en el estado en ese año 2006, es que se requiere que se finquen responsabilidades. Decirle también que si no existían las condiciones para transitar con seguridad y libremente por nuestras calles, es precisamente porque quien tenía la facultad para impedir tal situación simple y sencillamente se olvidó de su responsabilidad. A eso lo calificó como omisión la SCJN. El facultado por la ley para otorgar las garantías individuales y el respeto a los derechos fundamentales de la población lo es el estado, de ahí que ahora muchos entiendan el por qué es que se considera culpable, a quien teniendo la obligación constitucional para garantizar dichos derechos, simplemente optó por evadir sus funciones y dedicarse a otras actividades ajenas a su investidura. Conste, no es persecución, sino simplemente demandar que se apeguen sus actos a los establecido por la ley.
Podrán en su afán por ganarse unos cuantos pesos más los actuales diputados priístas, confundir a la ciudadanía argumentando que el juicio político no ubica culpables por ningún lado, a pesar de los 26 muertos del 2006, y de los muertos posteriores acribillados en condiciones todavía no aclaradas, a pesar de que algunas de ellas prestaron servicios “especiales” al gobierno en turno; pero lo que no podrán nunca es cambiar el juicio impecable de la historia, el que ya señala con nombres y apellidos a los responsables de aquélla página negra que los oaxaqueños nunca más deseamos que se repita.
Lo único bueno es que la temporada de este “circo legislativo” está por concluir, y sin duda estaremos presenciando el regreso de la dignidad y el decoro al ejercicio legislativo estatal a partir del mes de noviembre.
