La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) nació y sigue muerta. Es un aborto más de los órganos autónomos, preñado y parido en el desgobierno de Gabino Cué.
Su creación es una maniobra perversa para garantizar impunidad a los grupos subversivos y agitadores. Concebida por violación de los derechos humanos, no defiende al pueblo de Oaxaca.
El padre guerrillero Francisco, Romualdo, Wilfrido Mayrén Peláez, realizó su bautizo con agua maldita. El bautizo de fuego corrió por cuenta de Flavio Sosa, hacedor de nidos para la coralillo.
El representante legal y coordinador de la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis, ha sido beneficiado generosamente por los gobernadores con dos gasolineras y autos nuevos cada año.
El representante del Movimiento de Regeneración Nacional en el Instituto Nacional Electoral y dirigente estatal de Comuna ha recibido concesiones de flotillas de microbuses, taxis y mototaxis.
¡Qué otra cosa podemos esperar de quien convirtió al becerro de oro en su dios! Romper de manera permanente el celibato es pecatta minuta. Es el mismo caso del incendiario de 2006.
Ambos forman parte de los inveterados enemigos de Oaxaca y de los oaxaqueños. Pero el problema mayor son los gobiernos cómplices. Así ha sido desde hace ya casi medio siglo.
La actual pareja del padre guerrillero ha sido premiada con el manejo de los derechos humanos en el más importante órgano descentralizado que maneja la educación pública, laica y gratuita.
Sus anteriores parejas lucran, también, con la defensa de los derechos humanos. Claro, única y exclusivamente de los capos, sicarios, activistas y comandantes de la Sección XXII de la CNTE.
Lo sabe bien a bien todo Oaxaca y todo México. Gracias a Dios, cada día más oaxaqueños se atreven a romper la apatía, cobardía y/o abierta complicidad. Y están decididos a enfrentarlos.
El hartazgo de la agitación y subversión, que tiene hasta la madre a los oaxaqueños, toma un giro peligroso. En la Costa, los padres de familia armados exigen clases a los maestros de la CNTE.
Muy pronto surgirán enfrentamientos entre paterfamilias y los grupos de choque magisteriales con saldo de muertos y heridos. Quizás la violencia obligue a actuar al gobierno federal y estatal.
Hasta ahora las quejas por la violación de los derechos humanos a la educación de los niños oaxaqueños, no ha obligado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a exigir a la SEP aplicar la ley.
El artículo 76 de la Ley General del Servicio Profesional Docente establece que si un trabajador o trabajadora al servicio de la educación cuenta con más de tres faltas injustificadas en un periodo de 30 días, se hará acreedor al cese inmediato sin responsabilidad para el estado.
Legalmente, está justificada la causal de rescisión laboral de los cientos de trabajadores de la educación en “paro loco” indefinido, lo que sería un severo golpe político a la CNTE-MALO.
Iglesia y Estado en complicidad con el Gabinato impusieron a su acólito Arturo de Jesús Peimbert Calvo. El colmo de la incongruencia en un Estado laico, en una entidad liberal por juarista.
La mayor y mejor prueba pública es su inacción, por complicidad, para intervenir en el conflicto magisterial. Al ombudsperson vale madre la violación del sagrado derecho humano a la educación.
No importa que los “paros locos” indefinidos sigan afectando desde hace 39 años a los escolares. Actualmente a un millón 300 mil niños en el estado, es decir, más de la cuarta parte de habitantes.
Igualmente vale madre al Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca la violación del derecho fundamental al libre tránsito. Tiene a su favor una población indigna y desgüevada.
Pero qué importa la reiterada violación de los derechos humanos de los oaxaqueños. Arturo de Jesús Peimbert Calvo cuenta con la bendición de curas seguidores de la Teología de la Liberación.
Cuenta, además, con el apoyo de las 685 organizaciones sociales, sobre todo, las radicales. Él y todos, se hinchan los bolsillos de dinero lucrando criminalmente con la pobreza e ignorancia.
Con la complicidad de los gobiernos en turno, hábil y perversamente, los agitadores y subversivos, se han apoderado de los órganos autónomos para garantizarse opacidad e impunidad total.
Es el mismo esquema legaloide que aplican las mafias familiares de la partidocracia para desviar y lavar dinero, mediante la triangulación de los recursos, a través de la creación de fideicomisos.
La imposición partidista de supuestos consejeros ciudadanos de los órganos autónomos es, en realidad, el reparto de “cuotas a los cuates” por parte de cuatro partidos, PRI, PAN, PRD y Morena.
Integran el Consejo Ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos (DDHPO), Emilio de Gyves Montero, uno de los aburguesados junior de la COCEI, militante del PRD, impuesto por los diputados de Morena.
Sin la excusa de la ingenuidad política, por la probada perversidad de los congresistas, y sí como muestra de complicidad, se cedió una posición estratégica en la Defensoría a la COCEI, que tanto ha dañado a Oaxaca.
Entendible, jamás justificable que se negocie posiciones con la COCEI. Emilio de Gyves Montero es presidente de la asociación civil “Decide”, simpatizante del Movimiento Nacional por la Esperanza que dirige René Bejarano.
Otro activista ampliamente conocido por “chueco” y rojete, es el consejero Felipe López Hernández, ex promotor del voto en California del candidato a diputado federal del Partido del Trabajo, Ángel Benjamín Robles Montoya.
Felipe López Hernández es originario de San Lucas Quiaviní y migrante con el grado de Doctor por la Universidad de Los Ángeles, California, Estados Unidos de América, asesor de la Federación Oaxaqueña de Comunidades Indígenas en California (Focoica).
La Ley de la DDHPO es estricta al señalar que el consejo ciudadano debe ser integrado por personas que no hayan desempeñado ningún cargo público en los últimos dos años.
El artículo 108 de la Constitución del Estado de Oaxaca consigna que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza dentro de un organismo autónomo, es servidor público.
No obstante esta prohibición tajante, no importó al activista “chueco”, por rojete, José Bernardo Rodríguez Alamilla, quien ha integrado el Consejo Ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y buscó su reelección.
Asimismo, Yarib Hernández García, que hasta junio de 2017 fungió como defensora especializada en Atención a Niñas, Niños y Adolescentes de la DDHPO, se desempeñaba como asesora de la Rectoría de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), ahora, integra el Consejo Ciudadano, aunque ello viole sus normas.
Activista afín al Movimiento de Regeneración Nacional es Flor Estela Morales Hernández, estrechamente ligada a organizaciones sociales como la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), seguidoras de Manuel Andrés López Obrador (MALO).
Otra de las integrantes del Consejo Ciudadano de la Defensoría que incumplen con este requisito, es la socióloga Úrsula Hernández Rodríguez, activista antimineras, egresada del Posgrado en Sociología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la BUAP.
A quienes duden de las complicidades, ahí están los consejeros ciudadanos del Sistema Estatal Anticorrupción, cuyos integrantes demandan salarios superiores a los cien mil pesos, pese a ser cargos honoríficos.
Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana son: Adán Córdova Trujillo, Gaspar Jiménez Triste, Francisco Pablo Munguía Gaytán, Juan José Flores Guzmán y María Isabel Chagoya Méndez;
Desde su creación, el 17 de enero, sesionan, casi en privado, en la hemeroteca Néstor Sánchez y en el Bachillerato Administrativo de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO).
@efektoaguila
